El Colegio Oficial de Veterinarios de Lugo denuncia que el Real Decreto 666/2023 sitúa a los veterinarios españoles en una situación de desventaja respecto a sus homólogos europeos al imponerles “graves limitaciones” que dificultan el acceso de los animales a tratamientos médicos.
El presidente de la entidad lucense, José Luis Benedito, insiste en que la normativa española es "una de las más restrictivas en el marco de regulación europeo", limitando la “capacidad y libertad de los profesionales veterinarios para dispensar medicamentos conforme a unos diagnósticos clínicos que realizan ellos mismos” y que, como consecuencia, acaban dificultando el acceso a los tratamientos por parte de la población.
Entre otras restricciones, el Real Decreto obliga a registrar electrónicamente todas las prescripciones antes de poder suministrar cualquier tratamiento. Esta exigencia, explica Benedito, entorpece la atención de urgencias médicas y en zonas rurales, lugares donde la conectividad puede ser deficiente. "En la práctica, esto impide actuar con la rapidez necesaria en casos que requieren atención inmediata, aumentando la burocracia de manera innecesaria", indica.
Desde el Colegio de Veterinarios de Lugo insisten en que la legislación vigente no se ajusta a la mayoritaria del marco europeo, donde “prácticamente en todos los países los veterinarios pueden dispensar directamente determinados medicamentos sin que ello suponga un riesgo sanitario”. "En países como Alemania, Francia o Reino Unido, los veterinarios pueden suministrar los primeros tratamientos a los animales sin este tipo de restricciones, por lo que no entendemos por qué en España no se permite esto sino que, por el contrario, se sigue favoreciendo el monopolio de la distribución de fármacos", recalca Benedito.
Además, la normativa vigente obliga a los veterinarios a dispensar la cantidad mínima indispensable de medicamentos, obligando a los propietarios de los animales a acudir posteriormente a un establecimiento expendedor de medicamentos para completar el tratamiento prescrito. "Esto no solo encarece el proceso, sino que también puede poner en riesgo la continuidad del tratamiento, especialmente en el caso de explotaciones ganaderas o clínicas alejadas de núcleos urbanos y donde no hay en las cercanías ni comercial ni farmacia ", advierte el presidente del Colegio.
Luego de encabezar, junto al Colegio de Veterinarios de A Coruña, una movilización en contra del Real Decreto 666/2023, el órgano colegial lucense participará en una nueva manifestación en abril en la ciudad de Lugo, para demandar una normativa realista y que favorezca que los trabajadores del sector puedan seguir velando por el bienestar animal.