La Dirección General de Emergencias de Canarias ha publicado el convenio de cooperación entre la Administración Pública de la comunidad autónoma, a través de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, y el Consejo Regional de Colegios Veterinarios de Canarias para la participación voluntaria de personal veterinario ante emergencias de Protección Civil.
Este convenio afectará a "aquellos animales silvestres o de compañía, incluidos los integrados en núcleos zoológicos y explotaciones cinegéticas o piscícolas, que se encuentren en riesgo o hayan sido afectados como consecuencia de emergencias de Protección Civil". Sin embargo, queda fuera del acuerdo “la atención en caso de evacuación de grandes animales, sin perjuicio de que se les proporcione atención veterinaria inmediata cuando su vida corra peligro grave y manifiesto, siempre que se disponga de medios para ello y cuando no suponga un riesgo para el veterinario voluntario ni para terceros”.
La Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias habrá de proporcionar a los veterinarios voluntarios las medidas de protección que sean adecuadas en cada momento, asegurándose de que disponen de los equipos personales de intervención EPIS homologados, así como de los medios necesarios para el desempeño de sus funciones.
También tendrá que proporcionar a los veterinarios voluntarios la formación necesaria para la ejecución de las operaciones de emergencia, así como las consignas básicas de protección personal en emergencias.
Además, la Administración se encargará de asumir el coste ocasionado por el mantenimiento del botiquín; garantizar la existencia de un espacio donde se guarde el material mínimo listo para la activación de la emergencia, colaborando los Colegios en el inventariado del material mínimo, así como su reposición; y prever y asumir, a través de la infraestructura administrativa y de gestión adscrita al Plan de Protección Civil activado, los desplazamientos, alojamientos y comida del personal voluntario veterinario.
Por su parte, los Colegios Profesionales de Veterinarios de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas asumen el compromiso de promover, a través de los veterinarios colegiados, la movilización de los recursos humanos y materiales voluntarios para asistir, en su caso, en una primera actuación profesional de urgencia a los animales en situaciones de peligro ante emergencias de Protección Civil.
Asimismo, los colegios facilitarán a la Dirección General de Emergencias el listado de veterinarios voluntarios para los fines del convenio. También pondrán a disposición, de manera temporal durante el periodo de activación de los equipos veterinarios, la base de datos ZOOCAN; facilitarán un número determinado de lectores de microchips para que los equipos de gestión de la emergencia puedan identificar los microchips de animales de compañía, exóticos y caballos, así como conocer la información necesaria para la localización del propietario; y conocer, con fines de análisis prospectivos, la cifra de animales censados en los municipios afectados por las emergencias.
Cabe destacar que “la participación del personal veterinario voluntario es de colaboración voluntaria y altruista, de carácter solidario, de manera regular y disponibilidad no ocasional, para la participación en la gestión de las emergencias y situaciones que requieran la activación de los recursos de dichos profesionales”.
Este convenio tendrá una duración inicial de cuatro años.
Según la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, se atribuye a la Comunidad Autónoma de Canarias las competencias en materia de protección civil. Asimismo, se prevé que las Administraciones de la comunidad autónoma velarán por el mantenimiento y la salvaguarda de los animales, a los que reconoce como seres que sienten.
Por su parte, el Consejo Regional de Colegios de Veterinarios de Canarias es el órgano que agrupa a los Colegios Oficiales de Veterinarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (integrándose en el mismo los Colegios Oficiales de Veterinarios de las Provincias de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife). Tiene la condición de corporación de Derecho Público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, entre los que se encuentran, entre otros, la colaboración con los poderes públicos en la consecución de la salud de las personas y los animales y la mejora del bienestar animal y el medio ambiente.