Veterinarios interinos llaman a una movilización en defensa de los trabajadores públicos

El pasado 28 de septiembre se convocó una manifestación en defensa de servicios públicos de calidad y por la aplicación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el abuso de temporalidad de los trabajadores públicos, que contó con más de 3000 participantes. Esta movilización recorrió las calles de Barcelona, partiendo de la delegación del gobierno y finalizando en la Plaza Sant Jaume, frente al Palau de la Generalitat. 

El motivo de la manifestación fue la “falta de respuesta de las diferentes administraciones y su insensibilidad hacia las demandas de los trabajadores públicos”, explican desde Plataforma de Veterinarios Interinos Afectados por la Función Pública, rama de la Plataforma de Afectados por la Función Pública.

Las organizaciones sindicales y las plataformas de interinos-subalternos o temporales han denunciado la sobrecarga de trabajo y la precariedad laboral sufrida. Los servicios veterinarios oficiales de mataderos, los técnicos veterinarios de salud pública, así como la educación, la sanidad, los servicios sociales, la justicia y otros servicios públicos “son esenciales y necesitan el impulso del poder público para mantenerse como motores económicos y sociales del país”.

Los trabajadores y trabajadoras de estos servicios son su pieza clave, y “es necesario cuidarlos”, demandan. 

Actualmente, explican que existe un déficit histórico de trabajadores públicos en diversas comunidades del territorio español, con un porcentaje inferior al necesario para garantizar un servicio adecuado. Esta infradotación y precarización laboral “no son fruto de la casualidad, sino de una combinación de la falta de apuesta política por los servicios públicos, el incumplimiento de la normativa del sector público y las políticas de contención del gasto que se han aplicado desde 2010”. 

También denuncian que hay una falta de respuesta de las administraciones a la interpelación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que exige el respeto de los derechos laborales de los trabajadores públicos temporales. 

Por lo tanto, anuncian la continuación de las movilizaciones “hasta que el gobierno estatal acate la resolución del alto tribunal europeo”. “Miles de trabajadoras y trabajadores públicos hemos estado y seguiremos respondiendo a actividades estables y permanentes a través de contratos temporales, en un uso abusivo y fraudulento”, lamentan, y “los procesos de estabilización no han acabado con este fraude”.

UNA OBLIGACIÓN LEGAL

El 13 de julio de 2020 se registró una Proposición de Ley para la estabilización del personal del sector público que proponía la fijeza directa tras tres años trabajados, pero “no ha sido aprobada”. Las autoridades competentes, consideran, tienen la responsabilidad de aprobar disposiciones para ejecutar la normativa estatal y organizar su propia administración. 

Asimismo, recuerdan que es su deber cumplir con la obligación de aplicación de la normativa de la Unión Europea que afecta a sus competencias. Denuncian, por tanto, que no se ha transpuesto correctamente la Directiva 1999/70/CE a la legislación estatal, y la Ley 20/2021 no es una herramienta adecuada, según la jurisprudencia comunitaria, para resolver los problemas causados durante años de inacción. 

Por todo ello, exigen a las administraciones públicas la entrada en las mesas de negociación de la función pública con derecho a voto de las plataformas de interinos y de cesados o despedidos para negociar su reincorporación hasta su jubilación, el cumplimiento de las sentencias europeas en materia de derechos laborales, la estabilización de las trabajadoras en situación de abuso de temporalidad, y un pacto con las organizaciones sindicales para garantizar y mejorar unos servicios públicos que están en peligro ante los próximos ceses. 

Por último, llaman a la movilización en la manifestación del 19 de octubre en Madrid. “Solo con la fuerza de todos juntos podremos hacer frente a esta situación y garantizar un futuro mejor para los trabajadores y trabajadoras del sector público”.