El Congreso del Estado de Guerrero aprobó por unanimidad un exhorto a los municipios de la entidad federativa y al Concejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres para establecer, en concordancia con la Ley de Bienestar Animal del Estado de Guerrero, en sus respectivos reglamentos los Centros Municipales de Control Animal y órganos administrativos competentes, con el presupuesto necesario para la implementación de acciones en la materia.
Al exponer desde tribuna su propuesta, la diputada Leticia Mosso Hernández detalló que "la Declaración Universal de los Derechos de los Animales establece que todos éstos tienen derecho a la existencia, y las autoridades de gobierno les deben garantizar cuidado, protección e integridad".
Expuso que "en el ámbito local, Guerrero fue y sigue siendo un estado pionero en la materia, al ser uno de los primeros en promulgar, en diciembre de 2014, la Ley 491 de Bienestar Animal, con el objetivo de protegerlos, favorecer su atención, manutención, alojamiento, así como prohibir el maltrato, la crueldad, el abandono y el abuso".
La misma ley establece, además, partidas específicas para el desarrollo y fomento del bienestar animal, así como nuevas obligaciones y facultades para los municipios, entre la que destaca contar con al menos un Centro de Control Animal.
Sin embargo, Mosso Hernández comentó que pese a que la ley antes mencionada obligaba a las autoridades municipales a emitir en el ámbito de sus competencias un reglamento en materia de protección animal, dentro de un plazo no mayor a 45 días naturales de la publicación del reglamento estatal, a casi 10 años de su promulgación, sólo siete de los 84 municipios del estado cuentan con un reglamento municipal en la materia, como son Taxco, Acapulco, Chilpancingo, Zihuatanejo, Iguala, Eduardo Neri y Tixtla, cifra que se reduce con respecto a los Centros de Control Animal, que únicamente existen en las municipalidades de Chilpancingo, Eduardo Neri y Acapulco.
Por lo anterior, la también presidenta de la Mesa Directiva resaltó la importancia de hacer un llamado a las autoridades municipales para promover el trato digno a los animales y la promoción de acciones e instrumentos legales en la materia.
“Es una obligación legal a la que no podemos rehuir, máxime cuando múltiples estudios han demostrado que la violencia en contra de los animales está intrínsecamente ligada a la violencia social, hecho por el cual debemos coadyuvar en la consolidación de una sociedad más consciente de su entorno y respetuoso de todas las formas de vida”, apuntó.