La Audiencia Provincial de Barcelona confirmó el pasado 26 de febrero, la condena del Juzgado penal de Manresa a una pareja propietaria de un negocio relacionado con animales y centro veterinario a prisión y a no ejercer cualquier profesión u oficio relacionado con animales por la comisión de un delito de intrusismo profesional agraviado con costas procesales. Este organismo judicial mantiene el valor probatorio de las declaraciones de los tres veterinarios que fueron testigos directos de cómo uno de los acusados realizaban actuaciones reservadas a los veterinarios.
Como copropietarios de un establecimiento abierto al público, el condenado hizo cirugías, diagnósticos, prescripción y administración de medicamentos. La propietaria que no realizaba directamente actas de intrusismo también es condenada porque favorecía y conocía que en su centro veterinario se estaban realizando unas prácticas en contra de la profesión de veterinario, incurriéndose en un claro Intrusismo profesional. Los dos condenados contrataban veterinarios sin experiencia como “tapadera”, para poder actuar como veterinarios, realizando actos propios de la profesión.