Galicia reclama fondos estatales para poder asumir las nuevas obligaciones de la Ley de Bienestar Animal

La Xunta de Galicia reclama que los presupuestos estatales para el próximo año incluyan partidas específicas para que tanto las comunidades autónomas como especialmente los ayuntamientos puedan afrontar las nuevas obligaciones que tendrán que asumir con la Ley de Protección de los Derechos y Bienestar de los Animales.

Cinco días después de la entrada en vigor de la normativa estatal, la vicepresidenta segunda y concejala de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, y el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Gabriel Alén, se han reunido con representantes de la Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia para analizar el contenido de la nueva ley y algunas de las principales repercusiones que tendrá a efectos prácticos.

En este sentido, la vicepresidenta lamentó que el Gobierno central "carga" a otras administraciones con muchas "responsabilidades y gastos" mediante la imposición de toda una serie de obligaciones, algunas nuevas y otras ampliadas, "pero que no van acompañadas en ningún caso de la asignación presupuestaria correspondiente", denuncian.

Como ejemplo, se refirió a la creación de cinco registros que tendrán que ser asumidos por los Gobiernos autonómicos o las "guardias 24 horas" que deberán garantizar las entidades locales para cumplir con la recogida, tratamiento y atención permanente de animales que se encuentran abandonados en sus términos municipales, además de gestionar las colonias felinas, ocupándose de la esterilización y microchip de los gatos que forman parte de las mismas.

Desde la Xunta recuerdan que llevan años haciendo un esfuerzo para apoyar a los protectorados y entidades locales en la labor que desarrollan en este ámbito, destinando una cantidad de casi 2 millones de euros desde 2017 a través de las sucesivas órdenes de ayuda que convoca para financiar los gastos que asumen diariamente por el cuidado, atención y mantenimiento de los animales domésticos abandonados que tengan a su cargo.

Por ello, la vicepresidenta insistió en la necesidad de valorar el coste económico de la nueva ley y, sobre todo, de incluir a nivel estatal en los presupuestos de 2024 las partidas necesarias para que las comunidades autónomas y, especialmente, las entidades locales pueda cumplir con las obligaciones impuestas por su entrada en vigor.

Así, ha recordado que la norma de bienestar animal recibió "más de 6.000 alegaciones" y hasta 7 vetos durante su tramitación parlamentaria, entrando en vigor el pasado viernes 29 de septiembre "sin dotación presupuestaria" y sujeta a un desarrollo normativo aún sin fecha, por lo que exigió al Ejecutivo Central claridad y explicaciones sobre su aplicación.

Esta previsión la vinculó también con la falta de diálogo que marcó el proceso de elaboración de la norma desde el principio, lo que fue, en opinión de Ángeles Vázquez, "la antítesis de lo que se debía hacer", ya que "tampoco se buscó el diálogo con las comunidades autónomas o con los distintos colectivos profesionales implicados en la materia".

"Lejos de proteger a estos animales, se producirá un abandono de estos animales", advirtió el vicepresidente, que se refirió en este sentido a las "exigencias impuestas a los propietarios y a un régimen sancionador con multas altísimas que, en la práctica, puede provocar el efecto contrario al que se persigue, provocando que aumente el abandono de mascotas y desincentivando a los ciudadanos a apostar por las adopciones".