Reclaman mayor reconocimiento del carácter sanitario de la Veterinaria

Tras la celebración de las elecciones, el Colegio de Veterinarios de Cáceres reclama un debate político en profundidad sobre la veterinaria dentro de la sanidad pública.

La institución colegial señala que los profesionales veterinarios desarrollan sus funciones en este campo atendiendo a tres grandes áreas como son salud y bienestar animal, salud medioambiental y salud alimentaria, “todas ellas forman parte de la salud pública y repercuten directamente sobre la salud de los seres humanos”, indican.

“Pero, a pesar de ello, hoy día no se visualiza suficientemente y en toda su magnitud el carácter sanitario de la profesión veterinaria en materia de protección y promoción de la salud por parte del sistema sanitario, de otras administraciones públicas y de la sociedad en general”, añaden.

Por otra parte, recuerdan que humanos y animales comparten más de 300 enfermedades, por tanto, exigen “un mayor liderazgo de la veterinaria en el Servicio Extremeño de Salud para evitar incompatibilidades o lagunas de competencias y, de este modo, lograr que el sistema sanitario de la región actúe de una manera proactiva en la defensa de la salud de los extremeños y extremeñas”.

Según afirman, “la inversión que se realiza en prevención siempre en más efectiva para el bienestar humano, animal y también económicamente, que la realizada en el tratamiento” ya que por cada euro invertido en prevención hay un ahorro de 50 euros en el proceso de curación, un dato que, según los veterinarios, no se tiene en cuenta, pues el presupuesto destinado a salud pública representa tan solo el 2% del presupuesto global destinado a la atención sanitaria.

Así, el Colegio de Veterinarios de Cáceres reivindica la dependencia orgánica del Servicio Extremeño de Salud de todos los veterinarios y veterinarias oficiales en la Junta de Extremadura que desarrollan competencias de protección de la salud pública, independientemente del departamento desde el que desarrollen sus funciones.

Además, reclaman “un mayor respaldo y reconocimiento político y social” para los veterinarios que desempeñan su labor en el ámbito privado en pro de la veterinaria de salud pública, así como su inclusión en el registro de centros, establecimientos y servicios sanitarios, como facultativos colaboradores en salud pública, tal y como recoge la propia Ley General de Salud Pública.