¿Qué sector de pesca queremos en la UE?

En estos días que vivimos a pocos ciudadanos se les escapa el momento poco dulce que se vive en el sector primario europeo, y en particular en el español, en un país con un turismo emergente, pero que, además, siempre ha sido agrícola, ganadero y pesquero.

Este sector primario que nos alimenta cada día, curiosamente, es azotado a diario por elementos internos y externos que ponen en riesgo nuestra soberanía alimentaria y que sobre todo contribuyen al abandono de tierras y pueblos aumentando lo que conocemos como la España vaciada, generando un efecto creciente de la población alrededor de grandes urbes que no producen alimentos, son consumidoras netas de recursos primarios y con grandes concentraciones de personas que exacerban  los impactos que generamos en el medio ambiente.

Hace 40 años, los que entonces estábamos en la universidad estudiando licenciaturas dirigidas entre otras competencias a la producción animal, veíamos con ilusión la entrada de España en ese mercado único Europeo, un nuevo territorio de seguridad a muchos niveles para todos los españoles, donde el abastecimiento de los mercados y la preferencia comunitaria, eran dos principios garantistas para un sector agrario y pesquero que quería seguir viviendo en el campo, cuidando el mar, y con unas rentas mínimas que fueran equiparables a otros sectores no primarios.

Hoy, en mi percepción profesional, muchas de las decisiones y políticas europeas se están convirtiendo en una fábrica de generar euroescépticos dentro de nuestros productores de alimentos, el abandono rural es un hecho incontestable en muchas áreas de nuestro país, también en otros de nuestro entorno comunitario con fuerte vocación agrícola, ganadera y pesquera.

El sector de la pesca profesional es uno de los que más sufre los vaivenes de las políticas de la Unión, y no podemos olvidar que España genera el 20 % de la producción pesquera total de los 27 países de la UE, y tiene un sector formado por más de 31.000 empleos directos y alrededor de 150.000 indirectos.

Siempre se ha dicho que el pescador y el pez es una unidad indivisible, están condenados a entenderse ya que la supervivencia de ambos, pescadores y peces, forma parte de lo que hoy denominamos como Rendimiento Máximo Sostenible (RMS) que es la cantidad máxima de pescado que podemos extraer sin afectar a las poblaciones de peces, ya que la pesca, bien gestionada no solo es un recurso público, sino que es un recurso renovable.

Sin embargo, el sector pesquero viene ajustándose el cinturón con medidas impuestas, no cogestionadas, muchas veces controvertidas, en ocasiones poco eficaces, con frecuencia rechazadas por la mayor parte de los afectados, y que han puesto al sector pesquero en una situación comprometida a nivel social y económico, fruto de un desequilibrio en tres elementos esenciales que debe incorporar cualquier política, los balances sociales, económicos y medioambientales.

Desde la última reforma de la Política Pesquera Común en 2013, nuestra dependencia exterior de productos de la pesca crece cada año, y no porque comamos más pescado ya que la realidad es la contraria, el consumo decrece cada año, la razón hay que buscarla en varios factores: menor rendimiento de los caladeros, pérdida de empleo pesquero, falta de relevo generacional, signo inequívoco de que un sector que está agonizando, y un pérdida del principio de preferencia comunitaria a favor de una importaciones menos exigentes con las reglas a que aplicamos a nuestros pescadores, que provocan una pérdida de competencia, y lo que es más grave, una pérdida de confianza en el sistema y unas instituciones que se han dejado llevar por un estereotipo medioambientalista donde el único foco ha sido el sector pesquero, olvidando su contribución al abastecimiento del mercado, su importancia social y económica.

Es cierto que el estado de los recursos pesqueros en los últimos años ha mejorado gracias a la puesta en marcha de planes de gestión, pero la Política Pesquera Común ha priorizado de forma exacerbada los intereses medioambientales y conservacionistas anteponiéndolos a los del propio sector, y olvidándose de la preservación de los recursos humanos, en este caso los propios pescadores y su tejido socioeconómico asociado.

La Política Común de Pesca está revisión, y la UE ha presentado un conjunto de medidas dirigidas a mejorar la sostenibilidad y la resiliencia del sector pesquero y acuícola, un paquete  que pivota sobre 4 ejes: reducción de las emisiones para 2025 disminuyendo la dependencia de los combustibles fósiles, un plan de acción dirigido a proteger y restaurar áreas marinas que permitan unas pesquerías sostenibles, un pacto por la pesca y por el océano que facilite la aplicación de la Política Pesquera Común (PPC), y una comunicación sobre la PPC de hoy y de mañana junto con un informe sobre la situación de la Organización Común de Mercados de productos pesqueros.

Sin poner en duda la bondad de las actuaciones propuestas, es necesario escuchar más al sector pesquero, realizar una cogestión de las pesquerías en las que la implicación del sector sea el denominador común de las actuaciones de planes de gestión que se pongan en marcha, que funcionen desde el convencimiento y no desde la coerción, que marquen objetivos que permitan la sostenibilidad de las pesquerías pero en unos marcos temporales equilibrados que no generen estrés social, pérdida de empleo y que no provoquen la escasa o nula atracción profesional por este sector esencial en el abastecimiento del mercado, y que no es el problema, sino parte de la solución para alcanzar el buen estado ambiental de los mares y océanos.

Ahora bien, todo no lo podemos dejar solo en manos de las políticas europeas, nacionales o regionales, el sector pesquero necesita una reestructuración interna principalmente en sus órganos de gobierno, que, sin olvidar los 800 años de historia de las Cofradías de Pescadores, se dote de estructuras más adaptadas a las demandas del mercado, a la sostenibilidad de las pesquerías, que faciliten la presentación y comercialización de sus productos, con tripulaciones que al menos cobren el salario mínimo interprofesional, con fusiones de Cofradías si es necesario para poder ser más competitivos y bajar costes de funcionamiento, con un sector de la marinería bien formado que permita la aplicación de nuevas técnicas innovadoras, y que sea atrayente para los jóvenes, con conocimientos y titulaciones que les permitan diversificar actividades. Es necesario un cambio de rumbo que les independice de las ayudas públicas continuas para poder sobrevivir, no solo a las Cofradías, sino también a los propios pescadores.

Los instrumentos financieros de la UE son una de las herramientas para alcanzar ese equilibrio deseado, pero no pueden hacerlo sin el convencimiento del sector en las medidas que tengan que poner en marcha, ya que la desconfianza es el mayor enemigo de cualquier sector, les aleja de las inversiones productivas, de la innovación y de la competitividad, convirtiéndolo en un sector sin vida, no próspero, y eso no es lo que queremos para el sector pesquero.