Las Cortes de Castilla y León han debatido esta mañana la Proposición no de ley (PNL) presentada por el Grupo Parlamentario Popular, que insta a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de España a fin de promover la moratoria inmediata de la aplicación del Real Decreto 666/2023, de 18 de julio.
Esta PNL pide “abrir un periodo de consultas con los profesionales veterinarios, Administración local y asociaciones de protección animal para garantizar que se adapte la regulación de manera que respete el criterio profesional del veterinario y se reduzca la burocracia”. Así, contempla también “promover la derogación del régimen sancionador relacionado con las notificaciones de prescripciones de antimicrobianos a PRESVET” y habilitar legalmente a los veterinarios “para la venta al por menor con destino a los animales bajo su cuidado de todos y cada uno de los medicamentos necesarios para la atención de los mismos.” Y, por último, reclama “promover la modificación del tipo impositivo del IVA aplicable a la prestación de servicios veterinarios, reduciéndolo del actual 21 %, para su tramitación ante el Pleno”.
La parlamentaria y veterinaria Lorena de la Fuente Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular, ha comentado que la publicación de la nueva normativa ha creado “un enorme malestar”, que comenzó con los animales de producción y se ha visibilizado en la aplicación en los animales de compañía. “Este Real Decreto limita esencialmente la actividad del veterinario, particularmente a la hora de prescribir medicamentos en base a la evidencia científica y al propio juicio profesional”, ha advertido.
Asimismo, también ha señalado como “enrevesado” el sistema de notificaciones de PRESVET, así como ha puesto sobre la mesa el problema del IVA del 21 %. “No entendemos la diferencia entre sanidad humana y animal”, ha comentado haciendo referencia al concepto One Health y al IVA reducido de la sanidad humana.
Francisco Igea Arisqueta, del Grupo Parlamentario Mixto, ha respondido de forma crítica a la parlamentaria señalando que “es verdad que hay una inquietud por parte de los veterinarios, pero poner por delante la salud del gato a la salud pública es lo más woke que he visto”.
Por su parte, Eugenio Miguel Hernández Alcojor, del Grupo Parlamentario Socialista, ha recalcado el problema actual de la resistencia a los antibióticos. En este sentido, ha recordado que todas las comunidades autónomas aprobaron el Plan Nacional de Resistencia para el trienio 2025-2027 y ha tachado como “eficaz” el sistema PRESVET en la vigilancia y monitorización de las prescripciones, al igual que ha negado que este impida el “juicio clínico” del veterinario. Por otra parte, ha comentado que “hasta el momento no se ha impuesto ni una sola sanción”, ya que hay que seguir un “periodo de adaptación”.
Para cerrar el debate, y tras las intervenciones de Vox y del Grupo Parlamentario UPL-Soria ¡Ya!, Lorena de la Fuente Ruiz ha vuelto a tomar el turno de palabra para responder a los parlamentarios de los distintos partidos políticos y ha incidido en que esta PNL busca “un diálogo con el sector”.
Finalmente, la Proposición no de ley ha sacado 39 votos a favor, 29 en contra y 11 abstenciones.