La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la Dirección General de Derechos de los Animales han suscrito un convenio de colaboración para impulsar la formación de responsables locales en materia de bienestar de los animales.
“Para la FEMP es fundamental que los responsables de los gobiernos locales cuenten con la formación y el conocimiento necesarios para dar cumplimiento a los contenidos de la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales, y de su futuro reglamento de desarrollo”. Así lo ha señalado el secretario general de la FEMP, Luis Martínez-Sicluna, en el acto de firma del convenio de colaboración que la federación y el Ministerio de Asuntos Sociales, Consumo y Agenda 2030, a través de la Dirección General de Derechos de los Animales, han realizado esta misma mañana en la sede municipalista.
Según ha destacado Martínez-Sicluna, la FEMP ha mostrado desde el primer momento su plena disposición a trabajar conjuntamente en este ámbito desde diferentes perspectivas; de hecho, ha subrayado, “el convenio suscrito hoy se centra en la actividad formativa, una de las tres líneas de colaboración que junto con la comunicación y el intercambio de información en materia de protección animal para facilitar el desarrollo de las competencias en las diferentes administraciones, y la difusión desde la FEMP de acciones de sensibilización y de materiales divulgativos relacionados con el Plan de Actuaciones para la Tenencia Responsable de Animales de Compañía (PATRAC), completan el marco de la cooperación entre las dos Entidades”.
Para el director general de Derechos de los Animales, José Ramón Becerra, el papel de los ayuntamientos es fundamental en el desarrollo de la normativa de bienestar animal. “Nuestro afán con el acuerdo es buscar que las reticencias lógicas que ha habido en la creación de una nueva ley se conviertan en una oportunidad”, porque, según ha explicado, aplicar esta normativa también puede servir a los ayuntamientos de cara al futuro para mejorar la convivencia y crear sociedades más armónicas.
El convenio tendrá una vigencia de un año y podrá ser renovado con acuerdo de ambas partes.