Nueva problemática en Castilla y León en lo referente a la sanidad animal

Hace unos meses hubo una gran polémica en Castilla y León por la flexibilización de las medidas sanitarias vigentes en materia de sanidad animal, con una polémica Resolución de 10 de mayo de 2023, que tuvo que ser enmendada por el propio Ministerio de Agricultura, Pes y Alimentación por “vulnerar gravemente la normativa comunitaria y estatal”. Ahora, desde el Sindicato Veterinario de Castilla y León (Sivecal-USCAL), señalan que la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera ha optado por la publicación de una “Propuesta de Orden por la que se estructuran en Castilla y León los planes y programas relativos a la gestión de la sanidad animal”.

En el plazo previsto de presentación de enmiendas desde el Sindicato Veterinario de Castilla y León, han enviado una serie de alegaciones “que ponen de nuevo en evidencia la falta de rigor y la superficialidad con la que la Junta de Castilla y León está tratando los temas de sanidad animal”, denuncian.

La propuesta de Orden, que aseguran que ha sido cuestionada por los jefes de sección de Sanidad y Producción Animal ante la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, “quebranta todos los principios básicos de la epidemiología veterinaria”.

Los veterinarios exponen que los propios jefes de sección subrayan que “ignora los tres aspectos clave de la sanidad animal con relación a la viabilidad de las explotaciones”. Esto es “la evidencia de que la enfermedad contagiosa desborda y traspasa los límites de la explotación individual; la evidencia de que las enfermedades animales son verdaderas barreras sanitarias en el comercio pecuario; y que la sanidad animal constituye la esencia misma de la ganadería, ya que representa el factor común de todas las operaciones a desarrollar en sus tres ciclos de la producción, industrialización y comercialización, y afecta simultáneamente al triple aspecto de lo económico, de lo social y de lo cultural, por cuanto es la condición indispensable para la viabilidad de la explotación pecuaria, resulta imprescindible para su utilización por la población humana y se reivindica como una exigencia prioritaria e irrenunciable de los pueblos desarrollados”.

ALEGACIONES DEL SINDICATO

En las alegaciones por parte de Sivecal-USCAL, destacan que consideran “innecesario e injustificado” sustituir la normativa actual en vigor y publicar una nueva Orden que deroga la vigente Orden AYG/162/2004, de 9 de febrero. “Creemos que es suficiente con actualizar varias cuestiones de la vigente normativa para mejorar los planes y programas que gestionan la Sanidad Animal de Castilla y León”.

Asimismo, esta normativa que permite la designación de un director regional y un coordinador provincial mediante resolución del titular de la dirección general con competencia en materia de sanidad animal, “arrincona y obvia al jefe de servicio de Sanidad Animal y a los jefes de sección de Sanidad y Producción Animal, que son quienes tienen esa responsabilidad según define la estructura orgánica de la propia Consejería y la relación de puestos de trabajo”.




“Asienta la habilitación de veterinarios distintos a los de los servicios veterinarios oficiales de la Consejería para llevar a cabo acciones sanitarias sometidas a reserva competencial en el Reglamento General de Sanidad Animal, que claramente especifica que solamente cabe nombrar personal colaborador con dichos servicios oficiales bajo la fórmula de “contratación” por la Consejería de los graduados en Veterinaria que sean necesarios”.

Por otra parte, se quejan de que “se crea comisiones locales de seguimiento en las que no cuenta con los jefes de sección ni con los veterinarios coordinadores de las unidades, en contra de las responsabilidades propias de éstos”.

Tampoco “modula ni desarrolla la figura de los veterinarios de explotación, tal como actualmente indica el Real Decreto 364/2023, de 16 de mayo, por el que se establecen las bases de desarrollo de la normativa de la Unión Europea de sanidad animal, en lo relativo a las obligaciones de vigilancia del titular de la explotación y al plan sanitario integral de las explotaciones ganaderas, y por el que se modifican varias normas de ordenación ganaderas”.




“Habilita la instalación de cebaderos T1 fuera del ámbito de unidad veterinaria con prevalencias distintas a 0 y autoriza el traslado de terneros a establecimientos de cebo cuya prueba de movimiento será realizada en destino, lo que consideramos una temeridad y contrario a cualquier principio de precaución sanitaria”, afirman.




Por todo ello, aseguran que esto “no supone una mejora en la ejecución de los planes y programas sanitarios en Castilla y León”.

“Desprecia las bases de la epidemiología veterinaria como ciencia que estudia la enfermedad en las poblaciones animales, así como los factores que determinan su presencia. Supone un claro retroceso en la evolución de los estándares sanitarios de Castilla y León, que ha sido una referencia en los programas de vigilancia, control y erradicación, y siempre han contado en su sistematización y ejecución con los ganaderos y con las autoridades sanitarias, gracias a lo cual habían alcanzado unos niveles de sanidad animal encomiables que, de seguir adelante con esta propuesta de Orden, se ponen de nuevo en entredicho”, concluyen.