El pasado 15 de mayo, se publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León la Resolución de 10 de mayo de 2023, de la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera, por la que se desarrollan determinados aspectos de los programas nacionales de enfermedades de los rumiantes en Castilla y León.
Desde el Sindicato de Veterinarios de Castilla y León (Sivecal-USCAL) se han mostrado muy críticos con dicha resolución, porque, “por una parte, desarrolla un amplio abanico de aspectos que son contrarios a los programas nacionales de control, vigilancia y erradicación de enfermedades de los rumiantes, y que el propio título de la Resolución menciona y que describe en su preámbulo y, por otra parte, ignora otros aspectos contemplados en dichos programas”.
Este mismo lunes, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha publicado una orden que limita el movimiento del ganado bovino en Castilla y León "para evitar poner en riesgo el estatus sanitario de la cabaña ganadera, como firme respuesta ante una resolución de la Junta de Castilla y León que vulnera la normativa estatal y europea, respecto a la erradicación obligatoria de la tuberculosis bovina en todo el territorio comunitario". Además de haber requerido administrativamente la retirada de la resolución de la Junta y recurrir judicialmente su aplicación.
También se han mostrado contrarios a dicha resolución desde el Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León, quienes piden a la Junta de Castilla y León que corrija “lo antes posible” las medidas que flexibilizan la lucha contra la tuberculosis bovina.
El Consejo autonómico de los veterinarios cree que todas las medidas que no se ajusten a la legalidad que emana de los Reglamentos Europeos y del Plan Nacional de Lucha contra estas enfermedades “deben corregirse lo antes posible”.
A este respecto, advierten que no debemos olvidar que la tuberculosis “es una zoonosis y que, además de los animales enfermos, nos jugamos la salud de las personas, la salud del resto de la ganadería, la de los animales silvestres de Castilla y León y también la confianza comercial en la calidad de nuestras producciones, que estamos exportando actualmente”.
El Consejo autonómico recuerda, además, que “se ha hecho público, a través de filtraciones, un documento interno de los jefes de Sección Animal de la Junta, informando a sus superiores de las discordancias con la normativa vigente. También hemos conocido la opinión de quienes se arrogan la representación de los ganaderos”.
En este sentido, los veterinarios señalan que “lo que está muy claro es que los jefes de sección de Sanidad Animal son especialistas en campañas de saneamiento ganadero y que, como funcionarios de carrera, tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir la legalidad, con total independencia de las opiniones políticas.Y cumplen con su deber cuando informan a sus superiores administrativos o políticos de la discordancia entre la legalidad vigente y las Resoluciones dictadas desde los Órganos Gestores de la Administración”.
Por otra parte, desde el Consejo autonómico aseguran que el plan de saneamiento actual de la comunidad sí funciona. “En la mayoría hay ganadería extensiva, en todas hay fauna silvestre y en casi todas se ha disminuido la prevalencia de la tuberculosis y estamos libres de brucelosis. En todas partes se ha aplicado el mismo plan y si hay alguna excepción en el resultado en lugares concretos, quizá habría que investigar por qué sólo falla en esas zonas. Está probado aquí y en toda Europa: los planes de saneamiento actuales sí funcionan”.
El Consejo de Colegios Veterinarios de la Comunidad concluye calificando de “lamentable que, debido a esta Resolución, a instancias de la Comisión Europea, haya tenido que intervenir el Ministerio de Agricultura, limitando el movimiento del ganado bovino en Castilla y León”.