La semana pasada, Paola Jiménez Hernández, diputada del PRI del Estado de México, propuso castigar con uno a tres años de prisión, además de seis meses a dos años de suspensión del derecho de ejercer la actividad profesional y privación definitiva en caso de reincidencia, al profesional veterinario que incurriese en casos de negligencia veterinaria.
Los profesionales veterinarios han respondido a esta propuesta a través de un comunicado firmado por Arturo Sánchez Mejorada Porras, presidente de la Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios Zootecnistas de México (FedMVZ), y Adriana Barreto Rodríguez, presidenta del Colegio Estatal de Médicos Veterinarios Zootecnistas de Estado de México (Cemvzem).
Este manifiesto conjunto expresa el desacuerdo e inconformidad con la iniciativa de la diputada, quien propuso la modificación de artículo 182 del Código Penal del Estado de México para sancionar la negligencia médica veterinaria.
Los veterinarios reconocen que “es prioritario sancionar a aquellas personas que, sin tener la formación académica ni la documentación legal que avale su formación como médico veterinario zootecnista, realizan actividades en materia de medicina y sanidad animal", ya que incurren en un delito penal tipificado como usurpación profesional.
Si bien, por otra parte, exponen que "con fundamento en el Artículo 38, inciso XI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el artículo 50 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5º Constitucional relativo al ejercicio de las profesiones, disponen que la Secretaría de Educación Pública, por conducto de la Dirección General de Profesionales, es la Entidad que designa a los Colegios de Profesionistas para la vigilancia del ejercicio profesional con objeto de que este se realice dentro del más alto plano legal y moral”. Además, la Ley del Ejercicio Profesional para el Estado de México atribuye a los Colegios de Profesionistas la vigilancia del ejercicio profesional.
Además, recuerdan que “con la finalidad de que se pueda determinar una negligencia médica veterinaria, se debe dar cumplimiento a la evidencia científica, peritajes y análisis realizados por pares expertos que puedan determinar si alguna acción médica fue realizada con dolo. Cabe mencionar que, de acuerdo con la lex artis médica veterinaria, las acciones que se realizan para buscar diagnósticos y tratar a un paciente es a través de obligaciones de medios, no de resultados, en virtud de que todos los conocimientos científicos y técnicos que los médicos veterinarios zootecnistas adquirimos durante nuestra formación y actualización profesional, los ponemos a disposición de nuestros pacientes sin olvidar que trabajamos con seres vivos que responden de manera distinta”. Por esta razón, el escrito señala que, para determinar la posible negligencia médica veterinaria, deberá de realizarse a través de una Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico Veterinario, la cual se encuentra establecida a el Cemvzem.
Por ello, rechazan "enérgicamente que una iniciativa de ley que pretende criminalizar a nuestra profesión, mucho menos buscando objetivos particulares que afecten a un gremio que pone a disposición de sus pacientes y clientes todo su conocimiento científico para resolver los padecimientos médicos de los animales de compañía principalmente, aun cuando en muchas ocasiones la atención médica veterinaria no se realiza de manera oportuna, pues nuestra intervención se realiza cuando los cuadros clínicos se encuentran avanzados, sin olvidar que las y los profesionales de la medicina veterinaria y zootecnia tenemos una gran responsabilidad para velar por la sanidad y bienestar animal, la salud pública y la inocuidad alimentaria”.
Asimismo, manifiestan que, como gremio organizado, "nos compete como profesionistas de la medicina veterinaria ser partícipes de las iniciativas de ley que tengan que ver con nuestro campo de acción; no aceptamos que iniciativas sean presentadas sin conocimiento científico ni asesoría de los profesionales en la materia”.
Por consiguiente, “solicitamos respetuosamente que la iniciativa de Ley que fue presentada se retire del proceso legislativo, toda vez que afecta de manera directa a la dignidad y ejercicio profesional de las y los médicos veterinarios zootecnistas”. De igual manera, “manifestamos nuestra total disposición para que a través de nuestros órganos de representación gremial se puedan establecer acciones para fomentar iniciativas de ley que garanticen el bienestar de los animales y de la sociedad, siempre bajo sustentos técnicos y científicos”.