Veterinarios de CyL piden la dimisión del Consejero de Agricultura "por la incompetencia de sus actuaciones"

El Sindicato de Veterinarios de Castilla y León (Sivecal-USCAL) ha celebrado una rueda de prensa donde ha analizado lo acontecido desde que el pasado 15 de mayo se publicó la Resolución de 10 de mayo de 2023, de la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera por la que se desarrollan determinados aspectos de los programas nacionales de enfermedades de los rumiantes en la comunidad de Castilla y León, concretamente sobre la flexibiización de las medidas para luchar contra la tuberculosis bovina, que ha sido suspendida por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León por incurrir en infracción tanto de la normativa europea como de la normativa básica del Estado, según esgrimía la propia Abogacía del Estado. Auto que ha sido publicado en el día de hoy en el BOCYL. 

Si bien, antes de la suspensión, el 26 de mayo el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación presentó un recurso contencioso-administrativo contra dicha resolución ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, y el 29 de mayo se publicó una orden por la que se restringían determinados movimientos de animales de la especie bovina desde Castilla y León. 

Desde Sivecal-USCAL recuerdan que este hecho ha provocado pérdidas millonarias, concretamente en estos diez días que ha estado en vigor ha supuesto 3,8 millones de euros.

Los integrantes del sindicato han mostrado su defensa "a ultranza el derecho de cualquier ciudadano o grupo a manifestarse para proteger sus intereses por los cauces legales establecidos" y han condenado "enérgicamente cualquier acción violenta como la ejercida por un reducido grupo de ganaderos el pasado lunes ante la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca (36.000 explotaciones ganaderas que emplean a más de 70.000 trabajadores)". Estos hechos los han denunciado a la inspección general de servicios.

También han manifestado que defenderán jurídicamente "a los funcionarios que están siendo violentados por el simple hecho de ejercer su deber profesional, es decir, salvaguardar las potestades administrativas desde un plano absolutamente técnico-científico".

Por otra parte, han acordado la denuncia a la inspección general de servicios de las actuaciones llevadas a cabo por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, que han calificado de "negligentes", y han solicitado la dimisión del titular de la misma, Gerardo Dueñas Merino, y la del resto de responsables políticos, "por la incompetencia de sus actuaciones administrativas y por los graves perjuicios económicos y sanitarios que están produciendo al sector ganadero de Castilla y León, poniendo en peligro la salud pública de esta comunidad". 

"Resulta especialmente sangrante que nadie de la Consejería haya salido a defender públicamente la impecable actuación de sus empleados públicos. de no ser así, solicitaremos al presidente de la Junta que les cese inmediatamente", añaden.

SITUACIÓN DE LA TUBERCULOSIS BOVINA EN CASTILLA Y LEÓN

Los veterinarios han puesto en antecedentes, y han recordado que la tuberculosis bovina es una enfermedad zoonósica (transmisible al hombre) que tiene graves consecuencias económicas y restricciones al movimiento de los animales, por lo que la vigilancia y el control están regulados a través de la normativa de ámbito internacional, europeo y nacional.

De esta forma, han explicado que la UE determina que los Estados miembros son los primeros responsables de la erradicación de la tuberculosis bovina (en el año 2030), es decir, conseguir una tasa de incidencia de explotaciones confirmadas como infectadas por el Complejo M. tuberculosis no superior al 0,1 % en los 3 últimos años o el mantenimiento de la calificación oficialmente libre de enfermedad en al menos un 99,8 % de las explotaciones que comprendan al menos el 99,99 % de animales en al menos esos tres últimos años, entre otros.

En lo que respecta a la prevalencia de la tuberculosis bovina en Castilla y León para el año 2022, la prevalencia de rebaño (número de rebaños positivos que hay durante el periodo de un año, respecto al número total de rebaños a los que se le han hecho pruebas), fue de un 2,07 %.

Así, resaltan que ha subido un 0,73 % respecto a 2021 (1,34 %), “sobre todo por el aumento significativo de la prevalencia de rebaño en la provincia de Salamanca (y en mucha menor medida en Ávila), aclarando inmediatamente que en Salamanca se hallan afectadas 259 explotaciones de un total de 5.792 es decir el 4,47 % (en Ávila están afectadas 54 explotaciones de 2.528, es decir, el 1,84 %). En el resto de la comunidad, las provincias de León, Burgos y Valladolid han sido declaradas recientemente por la UE Libres de la Enfermedad”, apuntan.

A pesar de ello, explican que en su primera comparecencia en las Cortes, el Consejero de Agricultura afirmó que “la tuberculosis no es un problema de salud pública” y no nombró a ningún veterinario en el consejo de dirección de la misma, “no hay ningún profesional sanitario en una Consejería donde el 51 % de la Producción Final Agraria procede del sector ganadero, sector que totalmente dependiente de la sanidad animal y bienestar animal, teniendo más de 600 sanitarios bajo su cargo”, denuncian.