La Asamblea de Madrid reforma su ley de protección animal, con excepciones para los perros de caza

En verano de 2024, la Comunidad de Madrid tramitó por el procedimiento de urgencia un anteproyecto de ley para modificar, entre otras, la Ley 4/2016, de 22 de julio, de protección de los animales de compañía de esta comunidad.

INTERcids trasladó que la tramitación urgente de la modificación de la Ley de la Comunidad de Madrid no estaba justificada jurídicamente e instó a reiniciarla "en un proceso con todas las garantías de participación pública y que permitiera solventar los problemas que ya planteaba el texto, tanto de técnica normativa como de retroceso respecto a los niveles de exigencia y protección animal alcanzados por la legislación autonómica".

Aunque algunas de las aportaciones realizadas fueron tenidas en cuenta (como la inclusión de los équidos en la definición de animales de compañía) el procedimiento continuó adelante, con el mismo carácter de urgencia, en la Asamblea de Madrid. En comparecencia ante la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, INTERcids expuso diversos aspectos que debían ser corregidos para evitar retrocesos en la protección de los animales en esta comunidad. Entre ellos, destacó el tratamiento que pretendía darse a los animales utilizados en “actividades específicas y profesionales”.

Finalmente, la Ley 7/2024, de 26 de diciembre, de Medidas para un desarrollo equilibrado en materia de medio ambiente y ordenación del territorio, ley ómnibus, que modifica la Ley 4/2016, de protección de los animales de compañía de esta comunidad, fue aprobada y publicada en el BOCM nº 308, 27-12-2024.

Discriminación en favor de quienes utilizan animales para caza y otras actividades

La nueva ley recoge que los titulares de perros utilizados para la caza y/u otras actividades están exentos de cumplir disposiciones que sí se exigen al resto de la ciudadanía responsable de animales.

Según explican desde la organización jurídica, "se les exime de la prohibición de cortar las orejas o el rabo a los perros, con el fin de prevenir lesiones”. INTERcids recuerda que el Convenio Europeo sobre protección de animales de compañía fue ratificado por España tras descartar expresamente la posibilidad de practicar estos cortes a cachorros de perros destinados a la caza, por lo que ahora no cabe admitir legalmente esta suerte de “mutilación preventiva”.
 

También "se les exime de la obligación de identificar a los perros a nombre de su criador, previamente a ser cedidos, si la cesión no es lucrativa y aún no tienen la edad obligatoria para ser identificados. Esto permite burlar el control público de la cría y trazabilidad de los animales y merma las herramientas de las autoridades para garantizar el cumplimiento de la ley y la protección animal", denuncian.
 

Asimismo, "se les exime de la prohibición general de utilizar artilugios mecanismos o utensilios destinados a limitar o impedir la movilidad del animal, siempre que sea imprescindible para llevar la actividad a cabo y la utilización sea por un periodo de tiempo limitado, sin establecer ninguna limitación que garantice el bienestar animal".

Otro aspecto que destacan es que "se les exime de la obligación de recibir la formación básica en tenencia responsable. Siendo ésta una formación básica, gratuita, indefinida y accesible en todos los sentidos para cualquier persona, no se entiende que no pueda ser exigida a colectivos o profesionales que precisamente se valen de los animales para realizar su actividad".
 

Por otro lado, en los expedientes en los que estén implicados estos perros, "las entidades de protección animal no son reconocidas como parte interesada, como sí lo son en el resto de los procedimientos por infracciones a esta ley. Esta escandalosa excepción resulta tan injustificada como ilustrativa de la intención de permitir a unos colectivos beneficiarse de un trato de favor y una libertad que de ninguna manera se permite al resto de la ciudadanía".
 

Por todo lo anterior, INTERcids lamenta que no se tuvieran en cuenta las enmiendas presentadas para corregir estos y otros aspectos, y que "la Comunidad de Madrid haya perdido la oportunidad de abordar una revisión de la norma autonómica que situara a esta comunidad, como lo hizo en 2016, en una posición de avance y referencia en esta materia".