Veterinarios interinos denuncian irregularidades en el proceso para reducir la temporalidad en la Administración

A medida que se agota el plazo para que España cumpla sus compromisos con la Unión Europea en la reducción de la temporalidad en la administración pública, emergen graves denuncias sobre irregularidades en la gestión de este proceso. Miles de trabajadores públicos en situación de abuso laboral reportan ceses masivos, contratos fraudulentos y prácticas opacas que vulneran sus derechos y amenazan la estabilidad de los servicios públicos esenciales.

Una de las principales denuncias radica en la manipulación de cifras para cumplir formalmente con las exigencias de la UE sin resolver el problema real. "En lugar de contabilizar trabajadores temporales y fijos, las administraciones suman plazas como fijas incluso cuando son ocupadas por temporales, ignorando así las situaciones de abuso. Esto da lugar a informes engañosos que no reflejan la realidad laboral de miles de empleados públicos", explica la Plataforma de Veterinarios Interinos Afectados por la Administración Pública. 

Además, se ha denunciado que los ceses masivos de temporales, "bajo el pretexto de estabilización, en muchos casos no se traducen en una reducción de la temporalidad, ya que las plazas liberadas son cubiertas nuevamente con contratos temporales. En algunas comunidades, trabajadores cesados son recontratados en las mismas plazas con contratos de duración limitada, encubriendo así la situación de abuso y sin garantizar estabilidad laboral", añade la plataforma. 

Por otro lado, los procesos de estabilización han sido objeto de críticas por falta de transparencia y equidad. "Se han documentado casos en los que los méritos no han sido correctamente baremados, dejando fuera a una mayoría de aspirantes sin posibilidad de reclamar. En algunos casos, estas plazas se adjudican a personal que no pertenece a la administración o se convierten en promociones internas para funcionarios de carrera, dejando en desventaja a quienes llevan años ocupando puestos temporales en abuso", expresa la organización de veterinarios interinos. 

"Estas prácticas están generando una sobrecarga judicial, con miles de trabajadores acudiendo a los tribunales para exigir justicia", enfatiza la plataforma. Según expertos legales, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dejado claro que las compensaciones económicas incluidas en la Ley 20/2021 no cumplen con los estándares europeos, al no considerarse indemnizaciones suficientes ni sanciones adecuadas por el abuso de la temporalidad.

IMPACTO EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y LAS POSIBLES SANCIONES EUROPEAS

El impacto de estas irregularidades en los servicios públicos "es alarmante", advierte la asociación. "Al cesar a trabajadores temporales experimentados y no cubrir sus plazas de manera eficiente, áreas esenciales como sanidad, educación y servicios administrativos se enfrentan a graves carencias de personal. Esto afecta directamente a la calidad del servicio que reciben los ciudadanos", exhortan los veterinarios interinos.

Por otra parte, el incumplimiento de las directrices europeas "podría acarrear consecuencias económicas significativas". España se enfrenta al riesgo de sanciones diarias por parte de la Comisión Europea, bloqueo de fondos europeos y una carga financiera adicional en forma de indemnizaciones a los trabajadores afectados. "Se estima que estas compensaciones, sumadas a posibles sanciones, podrían alcanzar cifras millonarias, representando un riesgo considerable para la estabilidad económica del país", señalan. 

Además, trabajadores afectados han denunciado presiones por parte de sindicatos y administraciones "para evitar que presenten demandas judiciales. Algunos informan amenazas de exclusión de bolsas de trabajo si inician procesos legales, una práctica que contraviene principios básicos de igualdad y no discriminación".

De igual forma, "se señala que ciertos sindicatos emplean estrategias emocionales para disuadir a los estabilizados de demandar, ofreciéndoles ventajas y beneficios como parte del colectivo de funcionarios de carrera, mientras les piden que no reclamen los derechos legítimos derivados del abuso de la temporalidad".

EXIGENCIAS DE LOS TRABAJADORES PÚBLICOS

Los empleados públicos afectados exigen una solución ética y legal que respete las directrices del TJUE, incluyendo:

Indemnizaciones adecuadas para todos los afectados por el abuso de temporalidad, cesados o no.

Procesos de estabilización justos, transparentes y orientados a proteger a los trabajadores en abuso.

Garantías de que los ceses no sean utilizados para encubrir nuevas situaciones de abuso mediante contratos temporales renovados.

"Es fundamental que España afronte esta crisis con un enfoque que priorice la justicia laboral y el fortalecimiento de los servicios públicos, en lugar de optar por soluciones temporales que comprometen aún más su funcionamiento", concluye la Plataforma de Veterinarios Interinos Afectados por la Administración Pública.