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Investigan a dos personas por incumplir las medidas sanitarias para la comercialización de animales para consumo en Alicante
EDICIÓN

Investigan a dos personas por incumplir las medidas sanitarias para la comercialización de animales para consumo en Alicante

El Seprona localizó la explotación a raíz de una intensificación de las inspecciones en el sector
Explotación clandestina
Los detenidos vendieron 174 ejemplares de ovino y caprino que habían sido intervenidos cautelarmente.

La Guardia Civil investiga a dos hombres por la cría y venta ilegal de corderos, incumpliendo las medidas sanitarias preceptivas para la comercialización de animales para consumo. Se les imputa además un delito de desobediencia grave, tras vender 174 ejemplares que habían sido intervenidos cautelarmente por el Seprona, al no poder acreditar su procedencia legal ni que hubieran seguido los controles sanitarios pertinentes.


Durante varias inspecciones realizadas en junio, en numerosas explotaciones ganaderas, por el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Alicante, para la prevención de delitos relacionados con la cría y el comercio de corderos, los agentes detectaron la existencia de una explotación clandestina en Bacarot.


Los controles que realiza el Seprona en torno a las explotaciones ganaderas tiene, entre otros objetivos, el de evitar los robos que se producen, ya que la alta demanda de este animal y sus derivados, que aumenta en torno a determinadas fechas, provoca que se convierta en objetivo de los delincuentes.


Además, no solo es objetivo de los ladrones. En el ejercicio de esta función preventiva, la Guardia Civil vela también para garantizar que las explotaciones dónde son criados estos animales, así como el resto del proceso hasta su llegada al mercado, cumpla con todas las garantías obligatorias y necesarias para que su consumo sea seguro.


En la explotación detectada en Bacarot, los agentes del Seprona hallaron 174 ejemplares vivos de las especies ovino y caprino, de entre 3 y 8 meses de edad, que se encontraban sin la obligatoria identificación mediante crotal ni bolo rumial. Los responsables de la explotación no podían acreditar la legal procedencia de los ejemplares, ni la situación zoosanitaria del lugar, ni del lugar de origen de los animales. Tampoco aportaron ninguna documentación que acreditara el seguimiento veterinario, ni la administración de vacunas o tratamientos preventivos ante enfermedades.


Un origen indeterminado de los animales impide garantizar su control sanitario en enfermedades, vacunaciones y desparasitaciones necesarias para que los productos sean aptos para el consumo.  Del mismo modo, deben ser sacrificados en mataderos autorizados, en los que se toman las  medidas sanitarias adecuadas a su procesamiento y la eliminación de los residuos.


En las circunstancias en las que se encontraban los ejemplares de esta explotación, no pueden ser sacrificados en un matadero legal, ni tampoco pueden ser comercializados para su consumo, ya que podría suponer un riesgo a la salud pública.  


Por otro lado, las explotaciones clandestinas cometen, además, un delito de fraude a la Hacienda Pública ya que su comercio no se declara, lo cual, por otro lado, supone una competencia desleal a los comerciantes que sí cumplen con la ley.


Ante la gravedad de los hechos, los agentes levantaron acta procediendo a la inmovilización cautelar de los animales, dejándolos a disposición de la Sección de Producción y Sanidad Animal de la Dirección Territorial de Alicante, quedando depositados en la explotación ganadera, quedando enterada la autoridad competente de la situación.


A pesar de las instrucciones recibidas por los agentes de la Guardia Civil, los responsables de la explotación decidieron deshacerse de los animales intervenidos, vendiéndolos ilegalmente.


La investigación ha sido desarrollada por la Patrulla del Seprona de la Comandancia de Alicante que, el pasado 19 de julio, hizo entrega en los Juzgados de esa localidad de las diligencias instruidas contra los dos hombres, de 44 y 64 años, a los que se les imputan dos delitos, uno contra la Salud Pública, y otro por Desobediencia Grave a los Agentes de la Autoridad, al vender los animales a pesar de estar intervenidos, poniendo en riesgo la salud.

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