La Sociedad Científica de Salud Pública Veterinaria se muestra contraria a la voluntariedad de la figura del veterinario de explotación

AVESA - Sociedad Científica de Salud Pública Veterinaria ha presentado alegaciones al proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 787/2023, de 17 de octubre, por el que se dictan disposiciones para regular el sistema de trazabilidad, identificación y registro de determinadas especies animales terrestres en cautividad, y otros Reales Decretos en materia ganadera.

Así, plantea al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) en sus alegaciones la necesidad de disponer, de forma obligatoria, de un Veterinario de Explotación como garante del Plan Sanitario Integral de la misma.

Desde AVESA exponen que "resulta evidente que toda la normativa europea y nacional en materia de sanidad animal se ha ido transformando, basada en el lema «más vale prevenir que curar», con el objetivo de mejorar el estatus sanitario de la cabaña ganadera y de incidir en la importancia y rentabilidad a todos los niveles de las medidas preventivas y de vigilancia epidemiológica".

"Estas medidas no solo repercuten dentro del propio sector agro-ganadero sino que, bajo el enfoque One Health, concepto sanitario totalmente aceptado por la comunidad científica, las decisiones normativas que se adoptan en relación a la sanidad animal pueden tener consecuencias para la salud humana y global", advierten.

En este sentido, recuerdan que el Plan Estratégico de Salud y Medio Ambiente (PESMA) 2022-2026, del Ministerio de Sanidad y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, recoge la necesidad de abordar la salud desde la perspectiva “One Health”, precisando que, como sociedad, debemos promover sistemas de intercambio rápido de datos en salud humana, salud animal y salud ambiental dentro de redes de vigilancia, predicción y prevención eficaces que permitan reducir el impacto de los determinantes de la salud. En concreto, se expone en sus Ejes Transversales e Inspiradores que “es poco práctico aislar la salud humana de otras áreas como la seguridad alimentaria, la zoonosis, la microbiología y resistencia a antibióticos, la virología, la ecología, etc. Por ejemplo, para prevenir y detectar brotes de zoonosis y responder ante ellos, los distintos sectores deberían salvaguardar la integridad y salud de los ecosistemas naturales y seminaturales, compartir los datos epidemiológicos y de laboratorio y los gobernantes responder de manera conjunta a estos problemas que raramente entienden de fronteras”. 

"Está claro que, a nivel sanitario, no existen las fronteras y que sólo actuando a todos los niveles, podemos garantizar la coordinación, comunicación y colaboración de todos los sectores implicados. En este sentido, las actuaciones desarrolladas a nivel local por los Veterinarios de Explotación, son el primer eslabón de una cadena de responsabilidades, el cual, de no estar integrado como figura de carácter obligatorio en nuestro ordenamiento jurídico, puede comprometer la consecución de los objetivos de protección de la salud humana", señalan desde la sociedad científica.

Por otra parte, explican que "la no consideración del Veterinario de Explotación como una figura obligatoria supondría una pérdida incalculable de recursos para las carteras de servicios en materia de salud pública, especialmente en términos de coste/eficacia pues, está plenamente demostrado que todas las inversiones en salud pública revierten hasta en más de cuatro veces su valor, contribuyendo sustancialmente a la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorando la percepción de la ciudadanía por el impacto que ello tendría en las listas de espera, en los servicios de atención primaria, en la masificación de los servicios de urgencia, pero también en la prevención y contención de las enfermedades emergentes en origen, las cuales mayoritariamente tienen un origen zoonósico. La regulación como obligatoria de la figura del Veterinario de Explotación abundaría en el necesario cambio de paradigma para hacer frente a las nuevas amenazas para la salud pública. Tanto es así, que la pandemia de COVID-19 demostró que resulta imposible enfrentarse a una emergencia sanitaria únicamente desde la vertiente puramente asistencial, debiendo contar con las estructuras necesarias en salud pública basadas en un enfoque anticipatorio a los riesgos, preventivo y salutogénico".

Ante la publicación del borrador del Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 787/2023, de 17 de octubre, por el que se dictan disposiciones para regular el sistema de trazabilidad, identificación y registro de determinadas especies de animales terrestres en cautividad, y otros reales decretos en materia ganadera "y la intención que ahí se recoge de posibilitar que la figura del Veterinario de Explotación pase a ser voluntaria", exponen una serie de modificaciones que pueden consultarlas al completo en este enlace.

"Con todo lo expuesto, si se produce la modificación de la figura del Veterinario de Explotación, pasando a ser de carácter voluntario, se producirá una nítida separación de la línea jurídica seguida hasta la fecha, tanto por las normas comunitarias como nacionales, comprometiendo el aseguramiento de la Salud Pública desde la producción primaria ganadera y generando confusión en torno al marco de actuación y responsabilidad de una figura clave para la sanidad animal, el bienestar animal y, por ende, para la Salud Pública", concluyen.