Las asociaciones, sectoriales, patronales y federaciones del sector ganadero y la industria veterinaria han trasladado al director general de Sanidad de la Producción Agraria, Valentín Almansa, su rechazo a la propuesta de Reglamento para el transporte de animales vivos que presentó el pasado mes de diciembre la Comisión Europea.
El escrito, firmado por la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA), Asociación Empresarial Cárnica (Anafric), la Asociación Empresarial Española de la Industria de Sanidad y Nutrición Animal (Veterindustria), Asociación Española de Productores de Vacuno de Carne (Asoprovac), Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (ANICE), Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino (Anprogapor), Asociación Nacional de Transportistas de Animales Vivos (ANTA), Asociación de Transportistas de Animales y Alimentación animal (Astraya), Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para animales (Cesfac), Confederación Nacional de Frisona Española (Conafe), Cooperativas Agroalimentarias de España (CAE), Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Federación Empresarial de Carnes e Industrias Cárnicas (FECIC), recoge los resultados de un estudio preliminar de impacto de la propuesta de Reglamento de Bienestar Animal en el transporte, encargado por Provacuno y que analiza específicamente lo que puede suponer para el conjunto del sector de la carne de vacuno español, así como el impacto que puede tener en otros sectores tanto a nivel de producción como de sacrificio.
“La localización periférica de España dentro de la UE, las altas temperaturas medias y el elevado tiempo medio de los transportes para vida y sacrificio suponen, en el caso de nuestro país, una clara desventaja competitiva frente a ganaderos, transportistas y mataderos de otros países europeos”, denuncian.
Tal como recoge el estudio, “es también preocupante el impacto que las paradas adicionales pueden generar sobre el bienestar de los animales. Estos hándicaps pueden provocar, de acuerdo con la propuesta, un impacto muy negativo desde el punto de vista económico, de bienestar animal, e incluso medioambiental”.
Según explican, una de las medidas que más afectaría a España “es limitar la franja horaria de las labores de transporte entre las 21:00 y 10:00 con temperaturas mayores a 30ºC, lo que llevará a un deterioro no solo del bienestar de los animales, sino de los operarios de toda la cadena, ya que ganaderos, transportistas y mataderos de nuestro país se verían abocados a la realización de labores nocturnas durante gran parte del año, con el consiguiente incremento de costes, abandono del personal del sector y deterioro de la calidad de vida del personal laboral”.
ANÁLISIS DEL IMPACTO POR SUBSECTORES
La aplicación de la propuesta normativa se estima que en el sector vacuno de cebo provoque una pérdida del valor total de la producción es de un 17,2 %. Esto representa, de acuerdo con los datos de producción de 2022, una pérdida cercana a los 700 millones de euros. Un sobrecoste total en el mantenimiento y el transporte global de los animales de 137 millones de euros, y un gasto en inversión para nuevas instalaciones adecuadas de 976 millones de euros.
En el sector porcino, “restricción en la comercialización de animales para sacrificio dentro de la Península Ibérica y eliminación de las exportaciones; reducción de la importación de animales vivos, lo que supone una reducción del 7 % de animales sacrificados; incremento de la flota de camiones en un 25 %; y el desabastecimiento de animales en función de la localización geográfica del matadero”.
Respecto al sector ovino-caprino, apuntan a una “posible interrupción significativa en la producción, el comercio y la industria por la afectación de la viabilidad del modelo de producción, suponiendo una restructuración total de las explotaciones actuales especializadas en el manejo de estos animales, así como la perdida de actividad y de empleos, llegando a la desaparición de ciertos sectores productivos”.
Considerando todos los datos anteriores, se estima que el coste de producción ganadera se incrementará de forma considerable (un 10,7 % en el caso de vacuno de carne), “habrá un incremento directo del coste de transporte y un aumento de las emisiones ambientales. Ante la dificultad de trasladar estos sobrecostes a lo largo de la cadena, se espera una nueva contracción de la producción que se sumaría a la que se está produciendo en los últimos años”, advierten.
En este sentido, remarcan que “los sectores ganaderos no pueden asumir un sobrecoste de este calibre, pero además las discrepancias observadas entre los hallazgos y las recomendaciones científicas de la EFSA, y las propuestas de la Comisión, hacen muy difícil que se alcance el objetivo final perseguido por todos, que no es otro que la mejora real del bienestar animal”.