La ley de Bienestar Animal y los gatos

El 29 de septiembre de 2023 entró en vigor la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, una ley no exenta de polémica que intenta recoger la creciente sensibilización de la ciudadanía española ante la necesidad de garantizar la protección de los animales en general y, particularmente, de los animales que viven en el entorno humano. Las comunidades autónomas y los ayuntamientos se han hecho eco de la necesidad de desarrollar normativas que avancen en la protección de los animales, su bienestar y el rechazo ante situaciones de maltrato hacia los mismos, lo que ha dado lugar a un conjunto heterogéneo de normas que establecen mecanismos de protección de diverso alcance, en función del ámbito territorial en el que se encuentren.

En España, en uno de cada tres hogares se convive con al menos un animal de compañía, y así, según la información resultante de los registros de animales de compañía de las comunidades autónomas, en la actualidad hay más de trece millones de animales de compañía registrados e identificados. Pese a ello, existen estudios que indican que únicamente el 27,7 % de los perros que llegan a centros de acogida están identificados con microchip, mientras que en el caso de los gatos se reduce al 4,3 %; esto implica que la mayoría de los animales de compañía se encuentran fuera del control oficial, al no estar identificados legalmente, con el riesgo que ello supone, tanto para su adecuada protección como para la propia seguridad y salud pública y la conservación de la biodiversidad.

El capítulo VI de la citada Ley establece el marco legal para la gestión de poblaciones felinas en libertad, colonias con origen en gatos abandonados, extraviados o merodeadores sin esterilizar y de las camadas procedentes de éstos, que son producto de la tenencia irresponsable. Se introduce el concepto de gato comunitario, el gato libre que convive en entornos humanos y que no es adoptable debido a su falta de socialización, y se establece una gestión integral de los mismos con métodos no letales, basados en el método CER, con el objetivo de reducir progresivamente su población mientras se controla el aporte de nuevos individuos con la esterilización obligatoria de los gatos con hogar.

En el artículo 26, se recoge expresamente la identificación mediante microchip, así como la esterilización quirúrgica de todos los gatos antes de los seis meses de edad salvo aquellos inscritos en el registro de identificación como reproductores y a nombre de un criador registrado en el Registro de Criadores de Animales de Compañía.

En lo que respecta a colonias felinas, se pretende controlar la población de todos los gatos comunitarios, con el fin de reducir progresivamente su población manteniendo su protección como animales de compañía. En este sentido, será obligatoria la identificación mediante microchip, registrada bajo la titularidad de la Administración local competente, y la esterilización quirúrgica de todos los gatos comunitarios.

En ausencia de otra previsión en la legislación autonómica, y respetando el ámbito competencial establecido por la legislación vigente, corresponde a las entidades locales la gestión de los gatos comunitarios, a cuyos efectos deberán desarrollar Programas de Gestión de Colonias Felinas.

En nuestra comunidad, el marco legislativo queda recogido en el Decreto 207/2014 sobre vigilancia y control de la rabia en la comunidad autónoma de Extremadura que, en su artículo 4.1. dice: “será obligatoria la vacunación antirrábica de los perros a partir de los 3 meses de edad, siendo voluntaria y recomendable en gatos y hurones”. Con fecha 17 de octubre de 2.022, es decir, hace más de un año, escribí a la anterior Consejera de Agricultura (que no se dignó ni siquiera a contestarme) solicitando, igual que han hecho otras muchas comunidades autónomas, ampliar la vacunación anual a gatos y hurones, contribuyendo así a incrementar la política preventiva que, en este tipo de enfermedades, conviene no descuidar.

Ha pasado poco más de un mes desde la entrada en vigor de la nueva Ley que exige la identificación de gatos y hurones y solo se han identificado 1.364 gatos más de los que ya había identificados en Extremadura. A fecha 3 de noviembre existen en Extremadura un total de 10.354 gatos identificados, nada que ver con la realidad.

Es hora ya de que los Ayuntamientos se pongan las pilas y exijan la identificación de los animales, así como el control de las colonias de gatos urbanos.