Una veterinaria implicada en una operación con más de 13 detenidos y 400 animales rescatados en España

Una operación conjunta de agentes de la Unidad de Investigación de la Guardia Urbana de Barcelona, Seprona de la Guardia Civil, la Sección de Consumo, Medio Ambiente y Dopaje de la UDEV Central de la Policía Nacional, así como la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de Barcelona de este mismo cuerpo, y la Unidad Central de Delitos Económicos y Blanqueo, junto con el Área Central de Medio Ambiente del Cuerpo de Mossos d'Esquadra finaliza con 13 detenidos por maltrato animal, intrusismo laboral, estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales y el rescate de más de 400 animales de compañía.

Esta operación, la primera llevada a cabo de forma conjunta por los cuatro cuerpos policiales, se inició a finales del año 2020 a raíz de las deficiencias encontradas en las inspecciones administrativas llevadas a cabo por técnicos del Departamento de Bienestar Animal del Ayuntamiento de Barcelona y la Guardia Urbana en un establecimiento de venta de animales situado en el centro de Barcelona en el que se localizaron 33 perros enfermos. La inspección se llevó a cabo a raíz de denuncias realizadas en la Oficina de Protección de Animales de Barcelona por presuntas irregularidades relacionadas con las condiciones de salud de los animales que se vendían en el establecimiento.

La Unidad de Investigación de la Guardia Urbana pudo comprobar que existía un maltrato animal por falta de cuidado y que estaba generando muertes entre los animales. Por otra parte, las cartillas sanitarias y pasaportes de viaje de los animales presentaban evidentes anomalías, hecho compatible con el delito de falsificación documental.

Los agentes también pudieron comprobar anomalías en el transporte, el trato de los animales en su destino y su comercialización, detectando indicios de distintos delitos en todos ellos: maltrato animal, usurpación de funciones, falsificación documental y estafa.

Durante la investigación de las personas que estaban detrás de esta actividad se empezó a observar una clara división de tareas y un funcionamiento en red compatible con una estructura comercial mucho mayor, y que disponían de más comercios asociados que parecían funcionar de la misma forma al tiempo que comercializaban animales a través de una página web.

Se pudo comprobar que la Guardia Civil, a través del Seprona de Barcelona, había realizado diversas intervenciones y controles a transportes de animales relacionados con la investigación que se estaba llevando a cabo, y que el Cuerpo Nacional de Policía, a través de la Unidad Central de Medio Ambiente en Madrid, también estaba realizando una investigación que tenía relación directa con los hechos investigados en Barcelona.

Se creó por primera vez un equipo conjunto de investigación de los cuatro cuerpos policiales liderado por el Juzgado de Instrucción número 23 de Barcelona y la Fiscalía Provincial especializada en medio ambiente. Este equipo comprobó que estas actuaciones ilícitas se cometían en distintos establecimientos situados en Madrid, Cataluña y Andorra.

MODUS OPERANDI

La organización tenía varios métodos para adquirir animales: la importación intracomunitaria desde países de Europa del Este, la cría en centros ilegales administrados por los propios investigados, o la compra ilegal por redes sociales.

El transporte de estos animales se realizaba normalmente por carretera, en vehículos con espacio reducido y deficiente ventilación, trayectos largos, en ocasiones más de 2.000 kilómetros que sería el equivalente a más de 20 horas de desplazamiento. A estos datos hay que sumar también la falta de luz y de cuidados higiénico sanitarios, la ausencia de travesaños o serrín insuficiente para absorber las necesidades fisiológicas de estos animales.

Estas condiciones deficientes tanto en el transporte como en el manejo de los cachorros propiciaban el desarrollo de enfermedades infecciosas y contagiosas en algunos de los animales y provocaba el contagio de éstas entre el resto de animales transportados. Posteriormente, las pésimas condiciones de los establecimientos de venta agravaban la situación produciendo el contagio del resto de animales que se encontraban en las tiendas. Debido a esto, los índices de morbilidad y mortalidad de estos establecimientos eran muy elevados.

A la venta se destinaban todos los animales disponibles, estuvieran sanos, enfermos o incubando enfermedades, lo que en muchas ocasiones provocaba que al poco tiempo de la venta el animal manifestara o desarrollara la enfermedad.

En la organización criminal estaba integrada una veterinaria que facilitaba sus conocimientos y firma para dar una imagen de fiabilidad suficiente con la que garantizar que los animales vendidos se encontraban en buenas condiciones. Esta veterinaria asesoraba al resto de componentes de la organización sobre cómo ocultar o disimular registros y/u otros aspectos técnicos en los controles y/o inspecciones de las administraciones competentes.

Las clínicas que estaban bajo el control de los investigados, con la intencionalidad de engañar a los clientes ya las administraciones públicas, cometían de forma habitual y continuada infracciones relacionadas con la gestión de la documentación asociada a los animales, y así poder camuflar el verdadero origen de las enfermedades desarrolladas cuando los cachorros estaban ya bajo la custodia de los compradores.

En los centros de cría también se detectaron irregularidades en el trato y manipulación de los animales progenitores, sobre todo en las hembras las cuales sólo tenían la función de parir en cada período de celo y así obtener un rendimiento máximo de crías, independientemente de las consecuencias por a su salud o la de los propios cachorros.

Ante estos hechos, el pasado 20 de septiembre se llevaron a cabo 12 entradas y registros con el resultado de 13 detenidos y más de 400 animales intervenidos, principalmente cachorros de perros y gatos, de razas de alta cotización en el mercado actual.

PARTICIPACIÓN CLAVE DE LOS VETERINARIOS

En el dispositivo fue fundamental la colaboración de diferentes asociaciones y entidades protectoras de animales incluidas las contratadas por los diferentes ayuntamientos en los que se han realizado las intervenciones: la del Consejo de Colegios Veterinarios de Cataluña; Colegio de Veterinarios de Madrid; Oficina de Protección de Animales de Barcelona; Oficina de Tenencia Responsable y Bienestar Animal del Ayuntamiento de Mataró; Área de Protección Animal de la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Comunidad de Madrid; Dirección General de Derechos de los Animales, y la de los servicios veterinarios tanto de la Unidad Técnica de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UT-UCOMA) de la Jefatura del Seprona como de la Policía Nacional. Estas entidades han facilitado la participación de veterinarios especializadas tanto en clínica como en bienestar animal que han trabajado arduamente para inspeccionar los locales, realizar un cribado principal sobre sintomatología de los animales, así como realizar la clasificación de los mismos y el aislamiento para la necesaria cuarentena.

La colaboración de los centros de acogida, en coordinación con los respectivos ayuntamientos afectados, también ha resultado un eslabón clave para realizar los correspondientes cuidados y cuidados veterinarios, e iniciar los cuarentenos en caso de que fueran necesarios, así como la colaboración técnica del Servicio de Fauna y Flora del Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural para la identificación de animales exóticos localizados.

Gracias a la colaboración de INTERPOL y el Agregado de Andorra en coordinación con la Alcaldía, el Consejo Superior de la Justicia de Andorra y la Policía de Andorra, se realizó una entrada y registro en una de las tiendas que la organización controlaba en ese país y que servía de tráfico para algunos de los cachorros importados desde Europa del Este. Asimismo, también se procedió a bloquear las propiedades en territorio nacional e internacional y los productos bancarios que los líderes de la organización habían adquirido gracias a los beneficios del tráfico ilegal de animales.

En definitiva, destacan en este operativo el trabajo en conjunto desarrollado por todos los cuerpos policiales, entidades públicas y privadas que dirigidas y coordinadas por la Fiscalía de Medio Ambiente de Barcelona y el Juzgado de Instrucción 23 de Barcelona se han unido por primera vez en este ámbito para llevar a cabo uno de los principales operativos a nivel nacional desarrollado hasta la fecha.