Situación de la política de protección y bienestar de animales de compañía en Tlaxcala

El  Observatorio  Ciudadano  de  Protección  Animal  (OCPA),  entregó  en  el Despacho de la Gobernadora Lorena Cuéllar, al inicio del tercer año de su administración, un “Diagnóstico de la Política de Protección y Bienestar de Animales de Compañía en el Estado de Tlaxcala”.

La finalidad que persigue con este diagnóstico el OCPA es que con el balance del avance de las promesas de la gobernadora y de las acciones de las instituciones en materia de protección y bienestar animal, se analicen las observaciones y sugerencias que se plantean en este documento.

Las  promesas  de  campaña  de  la  entonces  candidata,  Lorena  Cuéllar,  se incluyeron en el Plan Estatal de Desarrollo, con una agenda de protección y bienestar animal. La parte central corresponde ejecutarla a la Coordinación de Bienestar Animal (CBA).

De las acciones de las instituciones, se puede encontrar la CBA, donde el resultado de la investigación arrojó que desde que esta dependencia inició actividades operativas, el 2 de enero de 2023, ha realizado principalmente 155 cirugías de esterilización  a  perros  y  gatos distribuidas en 9 campañas o dentro de sus propias instalaciones, el personal adscrito se integra por 10 médicos veterinarios.

La coordinación dio en adopción a 19 animales de compañía. A través de programas de educación y campañas de concientización, en campañas, eventos o en redes sociales, alcanzando al 8 % de los habitantes  del estado de Tlaxcala o a 1 de cada 12,5 personas. En cuanto a denuncias por maltrato animal, la CBA atendió 36 y remitió 9 a la PROPAET, así como 30 a los ayuntamientos con reglamento vigente.

En cuanto a las observaciones y sugerencias respecto a la Coordinación de Bienestar Animal (CBA),  destaca centralmente, que con la entrada en vigor, el 31 de diciembre de 2022, de la Ley de Bienestar Animal para el Estado de Tlaxcala, "las  facultades de la Coordinación de Bienestar Animal son de un espectro muy reducido; con esta legislación, se prioriza rescatar a animales en situación de calle. Medida que es inviable, ya que se estima, de manera extraoficial, que 7 de cada 10 perros viven  en  situación  de abandono;  si  de acuerdo a la ENBIARE del INEGI, 518.155 perros en Tlaxcala tienen  tutor, entonces podrían existir más de 1.200.000 perros en situación de calle (no hay un albergue en el mundo capaz de recibir a tal número de animales)", exponen.

Por tanto, destacan que el Gobierno del estado "debe priorizar, de acuerdo a la legislación, que una vez conformado el Consejo Consultivo Estatal de bienestar animal, se faculte a la secretaría técnica de este consejo, la persona titular de la CBA, para supervisar a los ayuntamientos en la expedición de sus reglamentos en la materia". "A lo que ha sido omiso", denuncian. Asimismo, señalan que un elemento esencial de la planificación dentro del desarrollo de un programa de manejo de las poblaciones de perros serán  los  reglamentos  municipales para  implementar  medidas  de  acción conjunta entre el gobierno estatal y los ayuntamientos.

También subrayan que se deben analizar los motivos del bajo número de esterilizaciones y de acciones de salud animal en diversos servicios que realiza la CBA.

La Secretaría de Educación Pública, con acciones pedagógicas a través de programas para fomentar en los alumnos  una  cultura  de  respeto y  protección  animal,  dirigidas  del  nivel preescolar  a preparatoria, ha alcanzado a 7.710 matrículas de alumnos o al 3.16 % con respecto al número total de estudiantes en el estado. "Lo que se observa, es una cifra en extremo baja en el primer semestre de 2023", apuntan.

Por otro lado, la Secretaría de Salud realizó en promedio mensualmente 2.134 cirugías de esterilización a perros y gatos, en 12 meses (de junio de 2022 a mayo de 2023) se esterilizaron a 25.606 animales de compañía. Doce médicos veterinarios llevaron a cabo esta iniciativa. El presupuesto ejercido para compra de materiales, accesorios y suministros médicos fue de 2.925.158 dólares.

En lo referente a la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala (PROPAET), en 5 meses (de marzo a julio de 2023), recibió 118 denuncias por maltrato  animal,   inició  85 procedimientos  de investigación,  concluyó 19, en 6 casos aplicó sanción o multa y aseguró 5 animales cuyo destino fueron hogares adoptivos. Además, remitió o presentó ante la Precuraduría General de Justicia (PGJE) 3 denuncias por muerte injustificada de fauna doméstica.

También mencionan  que  se  registró  un  avance  en  lo  que  se  refiere  a  la imposición de sanciones; en el periodo de agosto de 2022 a febrero de 2023, de los 95 procedimientos de investigación concluidos, solo se había impuesto 1 multa.

El documento recoge que la PGJE había informado que, hasta abril de 2023, había recibido 1 denuncia por maltrato animal e iniciado 1 carpeta de investigación. "Pero en la información que proporcionó en agosto del mismo año se contradijo, al responder que no encontró antecedentes o registros de la información", explican.  

Asimismo, informó que su personal correspondiente recibió un curso de capacitación en materia de maltrato animal y que difundió en medios de comunicación y redes sociales acerca de que ya es posible denunciar delitos cometidos en contra de los animales.

Ante esto, manifiestan que "es de suma importancia que la PGJE trabaje en una correcta implementación. El personal correspondiente debe recibir capacitación por expertos en materia de crueldad cometida en contra de los animales; el   curso   que   ha   recibido   fue   impartido   por  personal   de   la   propia procuraduría. De igual manera, es sumamente importante que disponga de un médico veterinario legista / perito", recomiendan.

Por otra parte, resaltan que en la Ciudad de México, pese a que desde el año 2014 el  maltrato  animal es delito, en la última medición que realizó la organización hispanoamericana AnimaNaturalis, en su Atlas del maltrato animal, arrojó que en el año 2019, solo un 2.4 % de las carpetas de investigación culminaron con sentencias condenatorias, con la aplicación de la pena en libertad y de las que no hay registro de sanciones económicas.

El documento se respalda con las respuestas de más de 30 solicitudes de información pública y con las directrices de la Organización Mundial de Sanidad Animal.