Los eurodiputados socialistas Iratxe García, Clara Aguilera e Ibán García del Blanco preguntaron hace unas semanas a la Comisión Europea si podía "confirmar la alarma y el riesgo para la salud pública y animal que ha provocado la crisis ganadera en Castilla y León, a raíz de la flexibilización de los controles de tuberculosis bovina por parte de la Junta".
En la misiva dirigida a la Comisión, los eurodiputados recordaban que en la Resolución de 10 de mayo de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla y León establece “una nueva metodología de las actuaciones a realizar en el marco del Programa Nacional de Tuberculosis Bovina en Castilla y León, no permitida en la legislación de la Unión Europea, ni española”.
Concretamente, alertaban de que “las disposiciones contravienen, entre otros, los requisitos para el mantenimiento, suspensión, restablecimiento y retirada del estatus de libre de infección por tuberculosis (CMTB)”. “La tuberculosis bovina es una enfermedad transmisible al ser humano. Representa un peligro evidente para la salud pública y la sanidad animal y es enfermedad de erradicación obligatoria” en la legislación de la UE, recogía la carta. Por ello, también preguntaron a la Comisión si había sido consultada previamente para el establecimiento de estos cambios.
Ahora, el Ejecutivo comunitario ha respondido que "la Junta de Castilla y León no informó a la Comisión sobre las medidas para promover la flexibilización de los controles de tuberculosis bovina", y ha dado la razón al Gobierno español al considerar que esas medidas no cumplen con las normas pertinentes de la UE. Por el contrario, la Comisión señala que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación español sí informó oficialmente sobre los riesgos que estas medidas podrían tener para la sanidad pública y animal.
Así, instan a las autoridades españolas a vigilar y a tomar las medidas necesarias “para evitar una mayor propagación de la enfermedad” y “para proteger la salud pública y la sanidad animal en la UE”.