Los afiliados al Sindicato de Veterinarios de León (Sivele-USCAL), reunidos en Asamblea General, repasaron todos los logros anuales, entre los que cabe destacar la convalidación por las Cortes de Castilla y León del Decreto-Ley por el que se establece la jornada de trabajo en 35 horas semanales, que se pondrá en marcha a partir del 1 de junio. Asimismo, revisaron sus actividades ordinarias y analizaron sus objetivos más inmediatos.
En primer lugar, buscarán la culminación de los procesos selectivos de ingreso en el Cuerpo Facultativo Superior Sanitario Veterinarios de Castilla y León, “que permitirá la estabilidad en el empleo de 320 veterinarios”.
Otros de sus objetivos son el desarrollo de la carrera profesional en su categoría Iª y IIª; mejora de los niveles y complementos retributivos de todos los puestos de trabajo de los veterinarios; impulso a los concursos de traslados específicos y ordinarios para regularizar la situación administrativa; o la negociación de la nueva Ley de la Función Pública de Castilla y León.
También han anunciado que lucharán por la mejora de la formación y cualificación profesional con la implementación de un curso de programación laboral de los servicios veterinarios oficiales que revisa y actualiza todas las actividades y programas que desarrollan los Veterinarios de la Junta de Castilla y León; por la promoción del desarrollo de las especialidades veterinarias en Ciencias de la Salud del Sistema Nacional; y realizarán “seguimiento de actuaciones temerarias que está llevando a cabo la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en materia de sanidad animal”. Además de intentar que se cree el Servicio de Epidemiología Veterinaria y Sanidad de la Fauna Silvestre.
Y como tema estrella, acordaron requerir al Consejero de Sanidad la puesta en marcha de su promesa electoral y compromiso parlamentario para que desarrolle el Sistema de Alerta Inmediata de Salud Pública de Castilla y León que integre todas las redes de vigilancia (Epidemiológica, Alertas Farmacéuticas, Farmacovigilancia, Alerta Rápida Alimentaria, Laboratorial y de Sanidad Ambiental), articuladas en la Ley 10/2010, de Salud Pública y Seguridad Alimentaria de Castilla y León, “y permita dar una respuesta eficaz y precoz a cualquier amenaza para la salud de la población originada por las enfermedades transmisibles, brotes epidémicos, pandemias y crisis y alertas alimentarias o ambientales, el uso de medicamentos o de productos sanitarios y los efectos adversos de la atención sanitaria y que, tras su valoración, requieren una intervención urgente, inaplazable, cuando el suceso ocurra dentro o fuera del horario laboral”.
Según exponen, este sistema de alerta “debe funcionar las 24 h. del día los 365 días del año, e integrar a todos los profesionales de la Salud Pública, de manera que permita una correcta planificación, coordinación y gestión de todas las alertas dentro del Sistema de Salud de Castilla y León”.