La jueza del caso Magrudis abre juicio oral contra seis acusados por el brote de listeriosis

El Juzgado de Instrucción Número 10 de Sevilla, encargado de la investigación del caso Magrudis, ha acordado en un auto fechado este lunes la apertura de juicio oral contra seis personas acusadas del brote de listeriosis ocurrido en 2019 y que causó cuatro fallecidos, seis abortos y multitud de intoxicados.

En concreto, los acusados son José Antonio Marín Ponce, administrador de hecho de Magrudis SL, su mujer, Encarnación Rodríguez, responsable de producción y puesta en marcha del sistema de autocontrol de la empresa, y sus hijos, Sandro José Marín y Mario Marín, administradores únicos de Magrudis y Elaborados Cárnicos Mario SL, respectivamente, así como el arquitecto técnico Sergio L.G. y la inspectora veterinaria del Ayuntamiento de Sevilla María José O.B.

FACUA-Consumidores en Acción, que ejerce la acusación particular en la causa en representación de 79 afectados, pide para los encausados penas de prisión de entre cuatro y trece años, según la gravedad de los delitos.

En el auto, la magistrada imputa a cinco de los investigados -Sandro José Marín, José Antonio Marín, Mario Marín, Encarnación Rodríguez y María José O.B.- cuatro delitos de homicidio imprudente, siete delitos de lesiones al feto por imprudencia grave con resultado de aborto, y 245 delitos de lesiones por imprudencia grave, de los que declara responsables civiles a Seguros AXA y a Zurich Seguros.

Del mismo modo, declara responsable civil subsidiaria de estos delitos al Ayuntamiento de Sevilla, mientras que también imputa un presunto delito de falsedad en documento oficial a Sandro José, José Antonio Marín y Sergio L.G, además de otro delito leve de defraudación del fluido eléctrico a José Antonio, Sandro José, Encarnación y Mario. Este último porque, según la investigación, tenían enganchada la luz de las naves industriales de forma fraudulenta.

PENAS DE PRISIÓN

En su escrito de acusación, el equipo jurídico de FACUA pedía para José Antonio Marín Ponce, doce años de prisión; nueve años por el concurso ideal de delitos contra la salud pública, homicidio imprudente, lesiones al feto y lesiones por imprudencia, y tres años por falsedad en documento oficial.

También solicitaba para José Antonio trece años y seis meses de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión alguna relacionada con la dirección, producción o distribución de productos destinados al consumo humano y una multa de 15 euros al día durante 12 meses.

Para Sandro José Marín se pedían un total de diez años y un día de cárcel por los mismos delitos que el padre -de los que ocho años y un día son por delitos contra la salud pública, homicidio imprudente, lesiones al feto y lesiones por imprudencia y dos por falsedad en documento oficial-. También se le requieren diez años de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión alguna relacionada con la dirección, producción o distribución de productos destinados al consumo humano, y una multa de 15 euros al día durante ocho meses.

Para Mario Marín y Encarnación Rodríguez se solicitaban seis años y un día de prisión por delitos contra la salud pública, homicidio imprudente, lesiones al feto y lesiones por imprudencia, además de nueve años y un día de inhabilitación para el ejercicio de alguna profesión relacionada con la dirección, producción o distribución de productos destinados al consumo humano.

Igualmente, FACUA requería para la inspectora veterinaria municipal, María José O.B., un total de diez años y un día de prisión; seis años y un día por delitos contra la salud pública, homicidio imprudente, lesiones al feto y lesiones por imprudencia, y cuatro por falsedad en documento público y falsedad en documento oficial.

Para la inspectora del Ayuntamiento de Sevilla se piden además nueve años y un día de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión alguna relacionada con la inspección y supervisión de establecimientos y productos destinados al consumo humano, y cuatro años y seis meses de inhabilitación para el ejercicio de sus funciones como autoridad o funcionario público, además de una multa de 15 euros al día durante diez meses.

Por su parte, se solicitaba para Sergio L.G., arquitecto técnico, una pena de dos años años de prisión y una multa de 15 euros al día durante ocho meses por los delitos de falsedad en documento público y falsedad en documento oficial.

Para las empresas Magrudis SL y Elaborados Cárnicos Mario SL se pedía a la jueza que imponga una multa de 150 euros al día durante tres años, además de la pena de disolución de la persona jurídica por delitos contra la salud pública, homicidio imprudente, lesiones al feto y lesiones por imprudencia.