El Congreso se divide ante el plan normativo del Gobierno en materia de bienestar animal

Esta mañana se ha sometido a votación en el Congreso varias enmiendas a la Ley de Protección, Derechos y Bienestar de los Animales, una normativa que según el propio Gobierno surge de la necesidad de regular el reconocimiento y la salvaguarda de la dignidad de los animales, así como de prevenir el abandono e implementar los mecanismos legales oportunos para fomentar la protección animal. El proyecto de Ley se enfrentaba a tres enmiendas a la totalidad presentadas por EAJ-PNV, Grupo Popular y VOX. Finalmente, el Pleno ha votado en contra.

Para justificar la puesta en marcha de esta ley, el diputado del grupo Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común (GCUP-EC-GC), Pablo Echenique, ha destacado el “amplísimo consenso social” que reclama la necesidad de contemplar los derechos de los animales como “seres sintientes” en el ordenamiento jurídico, así como de aumentar las penas de abandono e inhabilitación de la tenencia de animales en caso delitos de maltrato, ampliando su protección “al conjunto de los vertebrados como ya sucede en otros países”.

APOYO CON RESERVAS DESDE LA IZQUIERDA PARLAMENTARIA

La izquierda parlamentaria y Ciudadanos han  manifestado su voluntad de votar en contra de las enmiendas a la totalidad, si bien GEH Bildu, BNG, Junts per Catalunya y Esquerra Republicana de Catalunya coinciden con la consideración de EAJ-PNV de que se trata de una norma centralista e invasiva con las competencias legislativas de las comunidades autónomas. En este sentido, creen en la necesidad de introducir enmiendas al respecto en la posterior tramitación de esta ley en los puntos que entren en conflicto con la gestión autonómica, algo en lo que el Gobierno se ha mostrado dispuesto a dialogar.

Por su parte, la enmienda presentada por el PSOE desde el propio Gobierno para excluir a los perros de caza del amparo legislativo ha sido duramente criticada desde el Grupo Parlamentario Mixto por Albert Botran, para quien esto pone “en evidencia el abandono y el maltrato del que son víctimas” y desde el Grupo Plural, una propuesta que Inés Sabanés ha tachado de “inaceptable”.

PP, VOX Y PNV PIDEN LA DEVOLUCIÓN DE LA LEY

Desde EAJ-PNV, Joseba Andoni Agirretxea Urresti ha solicitado esta mañana la devolución de la presente ley apelando a su carácter moralizador y “claro corte reglamentarista”, a su ausencia de base jurídica y título competencial, así como a la invasión a las competencias jurídicas de la comunidad vasca.

El Grupo Parlamentario de VOX, en palabras de Ángel López, ha definido el anteproyecto de ley como uno “de los mayores disparates ideológicos que se han debatido en esta cámara”. El diputado de VOX ha rechazado el texto en su totalidad creyendo que atribuye “farisaicos derechos a los animales” y que supone un peligro para “todo sector jurídico, económico y social”, en particular, para el mundo rural y la caza. Por su parte, el diputado Ricardo Chamorro ha apuntado la necesidad de que la normativa distinga entre “animales domésticos y silvestres”, algo que a su juicio no consigue esta ley al extender su protección a todos los animales vertebrados.

Desde el Grupo Popular, Miguel Ángel Jerez se ha mostrado en contra de la “desproporcionalidad de las penas” que contempla este proyecto de ley, ha señalado que en ella prevalece lo ideológico sobre lo científico y jurídico y ha criticado su inseguridad jurídica acusando al Gobierno de desatender las incorrecciones encontradas en varios artículos a las que refiere el informe del Consejo Fiscal. Su compañera de partido, la portavoz de Agricultura del GPP, Milagros Marcos, ha añadido que esta norma, que ha calificado como “animalismo extremo”, “limita los derechos de la gente, pone en riesgo la salud pública, genera inseguridad jurídica, invade competencias autonómicas y locales, atenta contra la biodiversidad y el medioambiente, y complica la vida del mundo rural”.

Desde el Grupo Parlamentario Mixto, unidos a las críticas a la normativa, han manifestado su voluntad de apoyar las enmiendas a la totalidad de la ley, Tomás Guitarte (Teruel Existe), por considerarla una ley urbanocentrista que se olvida de las circunstancias específicas del mundo rural; Isidro Manuel Martínez (Foro Asturias) cree que se trata de un documento que “descalifica el sector primario”; José María Mazón (Partido Regionalista de Cantabria) la juzga de inaplicable por “el gasto para los ayuntamientos” que supondría; y Ana-María Oramas (Coalición Canaria), critica que esta norma pone en riesgo la biodiversidad y las especies protegidas de Canarias.

UN PROYECTO DE LEY POLÉMICO DESDE SUS INICIOS

Hasta la fecha, según datos del director general de Derechos de los Animales, el proyecto acumula más de 6.000 alegaciones. En el momento de la presentación del anteproyecto, en octubre de 2021, las principales líneas del documento ya causaron descontento entre la comunidad científica, unida en una carta de protesta con más de 800 firmas.

En ella, los expertos lamentaban la imprecisión de una ley que hablaba de “animales”, “animal de compañía” y “animal doméstico” sin definir ninguno de estos términos, y el enfoque parcial, centrado fundamentalmente en el bienestar de perros, gatos y equinos y ajeno a los problemas de la fauna silvestre. En la misma dirección, la Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos (SECEM) señalaba la evidente falta de asesoramiento científico para la elaboración del texto.

Tras el estudio del borrador, los colegios de veterinarios y del Consejo General de Colegios Veterinarios de España apuntaron entonces 73 consideraciones para la mejora de la normativa que no llegaron a ser recogidas. Entre ellas, la necesidad de acotar el ámbito concreto de aplicación de la ley, de definir con claridad y sin contradicciones el maltrato animal, de incluir a los profesionales veterinarios como expertos imprescindibles en todas las organizaciones oficiales mencionadas en el texto o de evitar la ambigüedad de términos como “dignidad” o “ética”, sin dejarlos en manos de la interpretación ideológica. 

La Organización Colegial Veterinaria (OCV) señaló, asimismo, la necesidad de priorizar la identificación como vía más efectiva para luchar contra el abandono, en lugar de la esterilización por ley, de apostar por la reducción progresiva e identificación de las colonias felinas, de tener en cuenta a los veterinarios como los profesionales que deben impartir la formación para la tenencia responsable de animales de compañía, así como la urgencia de concretar términos como “maltrato”, “eutanasia” y “sacrificio”.

Por su parte, la Fundación Artemisan, dedicada a la investigación, la comunicación y la defensa jurídica de especies de fauna y flora, llegó a pedir la retirada total del anteproyecto por su “tendencia animalista y su fuerte carga ideológica”, alegando que la pretensión de este proyecto era la de “equiparar los derechos de los animales con los de las personas”.