La irrupción a principios de 2020 de la pandemia de COVID-19 ha evidenciado los retos y dificultades a los que se enfrenta el sistema público de salud a la hora de abordar situaciones de crisis que requieren anticipación, una respuesta rápida y coordinada, así como la necesidad de corregir problemas estructurales que ya existían y de responder a nuevos retos emergentes en salud, ya sean demográficos, sociales, tecnológicos, ambientales o económicos.
En esta línea, el Dictamen para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados de 29 de julio de 2020 resaltó la necesidad de creación del Centro Estatal de Salud Pública, para una “mejor gobernanza del Sistema Nacional de Salud y fomentar mecanismos de cooperación entre los servicios asistenciales y de salud pública de las comunidades autónomas”.
El gran impacto social y económico de la pandemia hizo necesario poner en marcha medidas para apoyar la recuperación tras la crisis sanitaria, impulsar a medio plazo un proceso de transformación estructural y llevar a largo plazo a un desarrollo más sostenible y resiliente del país. A través del componente 18 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se ha fijado el objetivo de disponer de un sistema sanitario más robusto, flexible y resiliente, que afiance la sanidad pública como un pilar esencial del Estado del Bienestar y como punta de lanza del desarrollo social en España. Por ello, se incluyen, a través de la reforma 2 y la inversión 3, las actuaciones para el fortalecimiento de las capacidades de vigilancia, detección precoz y respuesta rápida ante situaciones de riesgo o amenazas para la salud pública, la creación del Centro Estatal de Salud Pública y el desarrollo de un nuevo sistema de información para la Red de Vigilancia en Salud Pública.
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Por otra parte, el texto recoge que las amenazas de salud pública que plantea el cambio climático, la globalización y los movimientos transfronterizos de personas y mercancías, así como los retos planteados por los cambios demográficos, el aumento de la esperanza de vida y de la creciente prevalencia de enfermedades crónicas, “justifican la necesidad de ampliar los sistemas de vigilancia actuales de forma que puedan evaluar el estado de salud de la población con una perspectiva holística, bajo el enfoque de «una sola salud»”, subrayan. La Agencia debe aplicar este enfoque colaborativo, multidisciplinario y multisectorial, para hacer frente a las amenazas sanitarias emergentes y potenciales que afectan a la interfaz hombre-animal-medio ambiente, mediante evaluaciones precisas y compartidas de la situación con los departamentos con competencia en materia de salud animal, salud vegetal y protección ambiental.
Además, apunta que la vigilancia en Salud Pública, el conjunto de actividades destinadas a recoger, analizar, interpretar y difundir información relacionada con el estado de salud de la población y los factores que la condicionan, debe vigilar, entre otros aspectos, la seguridad alimentaria, incluyendo los riesgos alimentarios, y las enfermedades transmisibles, incluyendo las zoonosis y enfermedades emergentes.
En defintiva, aseguran que “cuando los problemas de salud afecten a la interfaz hombre-animal-medio ambiente, AESAP aplicará el enfoque holístico «Una sola salud», sin perjuicio de las competencias asignadas a los departamentos con funciones en materia de salud animal, salud vegetal y protección ambiental”.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 23 de agosto la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública.
La fecha de finalización de envío de aportaciones es el próximo 9 de septiembre. Se pueden enviar al correo informacion.publica@mscbs.es.
Puede consultar el texto completo en este enlace.