Alegaciones veterinarias al proyecto de ley sobre uso de medicamentos

El pasado 30 de julio finalizó el plazo para la presentación de propuestas al anteproyecto de ley por la que se modifica el Real decreto legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, en el periodo de consulta pública previa.

En calidad de representante legal del sector veterinario en España, la Confederación Empresarial de Veterinaria Española (CEVE) ha propuesto que la norma propuesta aborde diferentes problemas.

Así, instan a que se aplique un trato indiferenciado entre los sanitarios que prestan sus servicios sobre las personas y los sanitarios que prestan sus servicios sobre los animales. También reclaman que la norma aborde la “insuficiente diferenciación entre la actividad profesional y la actividad económica veterinaria, ineficiente regulación basada en la distinción entre medicamentos de uso humano y medicamentos veterinarios, y la ausencia de definición y regulación del botiquín veterinario”.

Respecto al botiquín veterinario, señalan que existe disparidad de criterios en cuanto a los medicamentos que pueden formar parte del botiquín veterinario, además de una “excesiva complejidad administrativa en la prescripción veterinaria para el uso por el propio veterinario de los medicamentos de su botiquín”.

En la misma línea, destacan las incongruencias en la prescripción excepcional, problemas para la prescripción de medicamentos a animales no identificados y la falta de respaldo legal a ciertas prácticas de uso de los medicamentos por parte de los veterinarios.

Desde CEVE también resaltan la dificultad para que los veterinarios compartan entre sí medicamentos en caso de desabastecimiento, excesiva heterogeneidad en la regulación de las recetas veterinarias, deficiencias en la identificación de los medicamentos veterinarios y la distorsión de la libre competencia en la dispensación de medicamentos en los Centros Sanitarios Veterinarios y dificultad de acceso de los ciudadanos a ciertos medicamentos veterinarios.

Por último, buscan que la norma aborde la “ausencia de actuación de un profesional formado convenientemente para garantizar una correcta dispensación de los medicamentos veterinarios; problemas de Salud Pública derivados de un mal uso de los medicamentos veterinarios; y la deficiente valoración del riesgo de uso de los medicamentos veterinarios antiparasitarios”.