El Consejo de Ministros dará luz verde a la primera Ley de Derechos Animales de España

Este lunes tendrá lugar el Consejo de Ministros donde se aprobará la primera ley de Derechos Animales de España, un marco legal pionero que garantizará el bienestar animal y protegerá sus derechos.

La normativa, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, tiene entre sus objetivos principales el sacrificio cero y, para ello, una de las claves es conseguir el abandono 0. Por tanto, la norma creará hasta seis registros estatales: de animales de compañía, de núcleos zoológicos, de criadores, de inhabilitados para pertenencia de animales, profesionales del comportamiento animal y de entidades de protección animal.

Los zoológicos también se verán afectados por la nueva normativa. Por ejemplo, se regulará el sacrificio animal, para que no exista la posibilidad de que alguien, por cuestión de saturación del centro o por comportamiento del animal, pueda acceder a la vía del sacrificio.

Del mismo modo, se prohíbe la cría de especies no autóctonas en los zoológicos, que también dejarán de poder comprar animales, sobre todo grandes mamíferos y cetáceos. El objetivo de esta medida es la reconversión de estos espacios como centros de reintroducción de especies autóctonas.

En materia de animales no autóctonos, la norma también incluye la creación de un listado positivo de animales de compañía, que determinará qué animales se pueden o no comprar y vender fuera del país. Este listado se basará en tres ejes: que no sean un problema salud pública, que no sean un problema de seguridad pública, como por ejemplo los venenosos, y que no sean un problema para el medio ambiente, haciendo referencia a animales exóticos invasores.

CONTROVERSIAS DE LA NUEVA NORMA

La publicación de la nueva ley ha acarreado una serie de críticas y discrepancias entre los diversos sectores afectados.

En este sentido, la Asociación Española de la Industria y el Comercio del Sector del Animal de Compañía (Aedpac) ha mostrado su oposición por considerar que la ley sostiene una argumentación, en lo relativo al fondo y a la forma, que no supone un avance cualitativo que refleje y regule las necesidades de los diferentes agentes que intervienen el sector.

Por su parte, la Fundación Artemisan, organización que busca promover la gestión y conservación de especies de fauna, alerta de que los proyectos de la Ley de Protección y Derechos de los Animales ponen en riesgo la forma de vida de millones de personas en España.

Para la Fundación, el texto genera “una evidente inseguridad jurídica, es prácticamente de imposible cumplimiento y ha conseguido poner de acuerdo a numerosos sectores de diferentes ámbitos en el rechazo ante la falta de criterios técnicos, científicos o jurídicos que lo avale”.

En el sector veterinario también han surgido voces críticas, como la del presidente del Colegio de Veterinarios de Badajoz, José-Marín Sánchez Murillo, que expresaba que, "posiblemente, estas nuevas normativas se han proyectado con las mejores intenciones, pero han obviado clarísimamente la opinión de los expertos, naciendo por tanto sin la bendición de los datos objetivos que la investigación y la ciencia aportan".