Instan a la Comisión Europea a prohibir los collares eléctricos para perros

Los collares eléctricos de entrenamiento han sido prohibidos en varios Estados miembros, particularmente en el norte de Europa, pero continúan vendiéndose y usándose en el continente en países como Francia. Mediante descargas eléctricas, estos collares se utilizan para evitar que los perros ladren. Usando un control remoto, el dueño o adiestrador puede hacer que el collar produzca un sonido, vibre o, lo peor de todo, golpee al animal con diferentes intensidades eléctricas.

Estos accesorios provocan en los animales un sufrimiento físico y psicológico potencialmente extremo, haciéndoles experimentar miedo, ansiedad y estrés. Conducen a muchos trastornos del comportamiento en los perros y se consideran ineficaces entre los profesionales.

Por ejemplo, la Sociedad Americana de Comportamiento Animal se ha posicionado en contra del uso de este tipo de técnicas de adiestramiento, basadas en el castigo.

“La literatura actual sobre el adiestramiento de perros muestra una clara ventaja de los métodos basados en recompensas frente a los métodos basados en el castigo. Las principales ventajas del método de recompensas incluyen beneficios en el bienestar inmediato y a largo plazo del perro, eficacia del entrenamiento y el establecimiento de una adecuada relación entre el humano y el animal”, indican los expertos.

Por otro lado, “diversos estudios han demostrado una asociación entre el uso de entrenamiento basado en castigos y problemas de comportamiento a largo plazo, incluyendo comportamiento agresivo hacia personas y otros perros, así como trastornos relacionados con la ansiedad”.

Sobre este asunto, la diputada del Parlamento Europeo Aurélia Beigneux, ha cuestionado a la Comisión Europea si permitir la venta de este tipo de collares va en contra del artículo 7 del Convenio Europeo para la Protección de los Animales de Compañía, que prohíbe el uso de ayudas artificiales para el entrenamiento que causen sufrimiento físico y psicológico.

Así, ha preguntado a la Comisión si “incentivará a los Estados miembros a cumplir con el artículo 7 del mencionado convenio” y, si se niegan a hacerlo, si “prohibirá la venta y el uso de dichos dispositivos en la UE”.