Nuevas críticas ante el protocolo de manejo de las mascotas ucranianas

Uno de los efectos de la terrible invasión de Ucrania es la llegada de refugiados al territorio nacional, en muchos casos, con sus mascotas. Esta cuestión es tremendamente importante desde el punto de vista de la protección de la salud pública ya que, en Ucrania, la rabia es una enfermedad endémica muy extendida, con unos 1.600 casos anuales en animales y que se cobra cada año también la vida de no pocas personas.

Esta situación preocupa mucho al colectivo veterinario de toda España ya que la rabia, una vez diagnosticada en una persona, tiene una mortalidad casi del 100 %, no hay un tratamiento eficaz, y además es una de esas muertes que estremece por el sufrimiento que genera en el paciente. En Asturias esta situación es todavía mucho más peligrosa ya que, en contra del criterio de todas las organizaciones veterinarias, la vacunación antirrábica de los perros no es obligatoria, con lo que no existe una inmunidad de rebaño entre los canes que proteja a la población de la comunidad asturiana.

La Veterinaria es una de las profesiones sanitarias que más peso tiene en la salud pública, prueba de ello es que casi todos los inspectores de sanidad de la Administración son facultativos veterinarios; y una de sus principales funciones es proteger a la población frente a las enfermedades animales que pueden afectar a las personas. Así, en esta situación, entre las obligaciones del Ministerio de Sanidad, y de la Consejería de Salud del Principado, está poner los medios y el personal necesario para hacer valer el derecho constitucional a la protección de la salud. Sin embargo, ha sido el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación el que ha publicado un protocolo de actuaciones ante la llegada de estos animales cuyo texto ya reconoce literalmente que “la evaluación preliminar es de riesgo alto”.

En este sentido, la Asociación Profesional de Empresarios Veterinarios de Asturias (Aemvet) y el Sindicato Veterinario Profesional de Asturias (Sivepa), valoran muy negativamente el contenido de dicho protocolo y su actual aplicación por considerar que supone un grave riesgo para la salud pública a la par que un importante agravio y desconsideración hacia la profesión veterinaria.

“La primera de las cuestiones que sindicato y empresarios valoramos negativamente es que, ante un problema capital de Salud Pública como es la rabia, haya sido el Ministerio de Agricultura, cuya función principal es velar por las producciones y la comercialización de los productos agrícolas y ganaderos, y no el Ministerio de Sanidad, cuya principal función es velar por la salud de la población, el que haya publicado dicho protocolo de actuación”, explican.

Además, “cuestionamos que el Ministerio de Agricultura o la Consejería de Medio Rural del Principado sean interlocutores adecuados en este caso, ya que no se trata de un problema en animales de producción sino en mascotas como perros, gatos o hurones y, por tanto, pueden no existir las adecuadas garantías para la población de que, organismos cuya finalidad principal no es velar por la salud comunitaria, deriven los recursos humanos y materiales necesarios para solucionar un problema que no afecta a sus propios objetivos agrícolas y ganaderos”, añaden.

SOLIDARIDAD, PERO NO GRATUIDAD

Otro aspecto en el que las asociaciones discrepan con el protocolo es que, aunque encarga a los Servicios Oficiales de Veterinaria de salud pública de la comunidad autónoma las medidas de mitigación del riesgo, en la práctica, “esta responsabilidad se ha descargado sobre los veterinarios clínicos, coaccionándolos mediante una apelación a su solidaridad para que lo hagan de forma gratuita y voluntaria. Se pide inaceptablemente a los facultativos clínicos que aporten su tiempo y trabajo, asuman graves riesgos laborales frente a animales no vacunados de rabia e incluso que cedan sus instalaciones”, denuncian.

Ante esta situación, consideran que “hay que recalcar que es obligación del Sistema Sanitario Público proteger a la población frente a los riesgos para la salud comunitaria que puedan aparecer”, y que “no es obligación de los profesionales liberales de la salud que tienen que trabajar para poder pagar sus facturas y comer a final de mes”.

La Consejería de Salud del Principado de Asturias tiene varios mecanismos para proteger a la población en estos casos. Uno de ellos es utilizar sus propios facultativos veterinarios oficiales de salud pública dotándolos de medios adecuados, “que para eso los tiene”. Otra manera propuesta por las asociaciones, es contratar veterinarios de refuerzo el tiempo necesario, como por ejemplo se ha hecho para controlar las medidas de prevención de la Covid-19. Y otra opción es encargarlo a los clínicos privados que quieran hacerlo, “pero con una compensación adecuada a su categoría profesional, el tiempo y los propios recursos que deban emplear, ya que la salud de todos no puede estar a expensas del sacrificio voluntario y gratuito que decida hacer un colectivo, por muy solidario que sea”. La salud pública española y asturiana no puede sustentarse en un movimiento del tipo “ONG”, reclaman.

Al colectivo veterinario se le puede pedir solidaridad, y de hecho siempre ha sido un colectivo solidario, e incluso se le puede pedir voluntariedad, como se ha hecho con otros colectivos también sanitarios por ejemplo en la Covid-19, “pero no se le puede pedir gratuidad e incluso que aporte sus propios recursos para controlar un grave riesgo de salud pública”. Esto, según critican, “es vivir fuera de la realidad y desatender un problema de salud comunitaria, a la par que una injusta desconsideración y agravio comparativo del facultativo veterinario frente a otros profesionales sanitarios”. Durante la pandemia siempre se apeló a la solidaridad y voluntariedad de sanitarios como médicos jubilados o personal de enfermería cuando hicieron falta, pero nunca a la gratuidad, “ya que se les retribuyó generosamente conforme a su categoría profesional y esfuerzo, haciendo incluso piruetas burocráticas en el caso del personal jubilado, y esto nunca puso en duda su solidaridad”.

Así, sindicato y empresarios veterinarios apelan “a las autoridades de salud pública del Principado a realizar un ejercicio de responsabilidad y equidad profesional, para que la protección de la Salud Pública no se haga recurriendo a voluntariedad gratuita y a la discriminación profesional de uno de los sanitarios fundamentales en la protección de la salud comunitaria”.