Cada año, millones de animales vivos se transportan por carretera, mar, ferrocarril y aire dentro y fuera de la Unión Europea (UE) para su sacrificio, engorde o reproducción. Su bienestar durante estos viajes debe estar garantizado por las normas especiales de la UE, en vigor desde 2005. Sin embargo, las conclusiones a las que ha llegado la UE tras 18 meses de investigación es que esas normas no se cumplen totalmente. Por ello, los eurodiputados han pedido a los Estados miembros que se respete el bienestar animal durante el transporte y pasen así a transportar carne y no animales vivos.
La investigación del Parlamento, que comenzó en junio de 2020 para investigar presuntas violaciones de las normas de transporte de animales de la UE, concluyó que las disposiciones de la UE en esta área no siempre se cumplen en los Estados miembros y no se tiene plenamente en cuenta las diferentes necesidades de los animales.
Según la información aportada por la investigación, las violaciones más obvias incluyen la falta de espacio libre, suministro de agua o alimentos para los animales transportados, el envío de animales cuando no son aptos para el transporte y el hacinamiento. Además, se ha constatado que se utilizan vehículos inadecuados y, en ocasiones, el transporte se realiza en condiciones de temperaturas extremas y tiempos de viaje prolongados.
Para remediar la situación, los eurodiputados han celebrado este jueves una sesión plenaria en la que han presentado recomendaciones para mejorar el transporte de animales. Así, con 557 votos a favor, 55 en contra y 78 abstenciones, piden a la Comisión y a los países de la UE que intensifiquen sus esfuerzos para respetar el bienestar animal durante el transporte, actualicen las normas y nombren un comisario de la UE responsable del bienestar animal.
MEDIDAS Y RECOMENDACIONES
Entre las exigencias que los europarlamentarios han planteado está, por un lado, que el tiempo de viaje de los animales domésticos que se dirigen hacia el matadero no debe exceder las ocho horas y, además, que los animales preñados en el último tercio de gestación no deben ser transportados por más de cuatro horas. También defienden que los terneros no destetados de menos de cuatro semanas tampoco deberían ser transportados, excepto por los ganaderos y en una distancia inferior a 50 km.
Asimismo, los eurodiputados abogan por la instalación de cámaras de CCTV en los vehículos de transporte, especialmente para la carga y descarga. “Las autoridades nacionales solo deben aprobar los planes de viaje de los animales si se prevé que la temperatura oscile entre los 5 ºC y los 30 ºC. Los niveles de temperatura, humedad y amoníaco en los vehículos deben registrarse”, apuntan.
Daniel Buda, europarlamentario del grupo del Partido Popular Europeo, ha defendio que “el bienestar animal durante el transporte no es negociable y debe respetarse hasta que los animales lleguen a su destino final. El transporte de animales vivos debe continuar, tanto en los Estados miembros como en terceros países, respetando los más altos estándares de bienestar animal".
Por su parte, la europarlamentaria Isabel Carvalhais, del grupo Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, ha abogado por una reducción del transporte de animales vivos pero teniendo en cuenta "la dimensión social de lo que estamos proponiendo y cómo esto afectará a las personas”.
FRENO A LA EXPORTACIÓN DE ANIMALES VIVOS
En cuanto a la exportación de animales vivos, han criticado que no exista un sistema de control para el transporte de animales a países no pertenecientes a la UE y exigen que los Estados miembros inspeccionen todos los envíos a países no pertenecientes a la UE para garantizar que los animales estén alimentados e hidratados, que los bebederos funcionen correctamente y que tengan suficiente espacio.
En este sentido, apuestan por una transición hacia un sistema “más eficiente y ético que favorezca el transporte de semen o embriones sobre el ganado reproductor, y la carne sobre los animales que se trasladan para el sacrificio”.
Para ello, piden a la Comisión que presente “con urgencia”, a más tardar en 2023, un plan de acción para apoyar esta transición, incluida una propuesta sobre un fondo específico para minimizar los impactos socioeconómicos de los cambios que deben realizarse.