Una sentencia recoge las actividades exclusivas del veterinario de explotación

Un mes antes del inicio de la pandemia, vio la luz el Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas porcinas intensivas, y se modifica la normativa básica de ordenación de las explotaciones de ganado porcino extensivo. Contra este Real Decreto, el Consejo General de Colegio Oficiales de Ingenieros Agrónomos interpuso un recurso contencioso administrativo.

Ahora, una sentencia, de la que se hace eco el Colegio de Veterinarios de Cádiz en un escrito de su presidenta Cristina Velasco, defiende que “determinadas actividades dentro del desarrollo de nuestra profesión son exclusivas del veterinario”.

"Desde el año 2000, la evolución de los retos económicos, sociales y medioambientales de la producción ganadera, unidos a la necesidad de adecuar esta realidad a un sector en constante evolución, en línea con la evolución del marco legislativo en materia zootécnica, sanitaria y ambiental, hacen necesario no solo actualizar, sino revisar en profundidad los pilares de la normativa de ordenación sectorial porcina: la sanidad animal y la gestión ambiental de las granjas todo ello unido al bienestar animal", comienza Velasco.

A lo que añade que "uno de los grandes retos en beneficio de la salud publica, y prioridad de la Unión Europea es combatir la resistencia antibiótica, y para ello se ha establecido una estrategia común frente a esta cuestión”. 

Además, apunta que “en el ámbito medioambiental, la producción porcina puede tener un significativo impacto, especialmente en relación con la producción de nitratos y las emisiones de amoniaco a la atmósfera y, en menor medida, por su potencial carácter emisor de gases de efecto invernadero. Con base a estas perspectivas, el sector debe contar con un marco de ordenación para construir una estrategia de desarrollo para las próximas décadas”.

Por todo ello, remarca que los veterinarios “somos defensores a ultranza del Concepto One Health, que tan claramente realiza un veterinario de explotación en el ejercicio de la profesión y que el Real Decreto 306/2020 nos asigna sin ambages”.

En cuanto al recurso, los puntos concretos contra los que el Consejo General de Colegio Oficiales de Ingenieros Agrónomos interpuso recurso contencioso administrativo para que se declarasen nulos una serie de incisos relativos a los artículos 4.2, 4.3 y 6.2.

Así, la presidenta del Colegio Veterinario de Cadíz explica que, por ejemplo, se pretendía declarar nulo el artículo 4.2: “veterinario de explotación” pudiéndose sustituir por técnico competente o subsidiariamente incluyendo además de veterinario de explotación a ingeniero agrónomo.

Lo que respecta al artículo 4.3,  en el párrafo primero: “evaluación de los requisitos de bioseguridad” y “así como la verificación de estos aspectos incluidos en el Sistema Integral de Gestión de las Explotaciones de ganado porcino que establece el artículo 6 del presente real decreto.” Y, en el párrafo segundo: “el veterinario de explotación deberá evaluar el nivel de bioseguridad” “empleando para ello una encuesta que recoja, al menos, el contenido mínimo establecido en el anexo II del presente real decreto”. Pudiéndose atribuir tal función a Técnico competente o incluir junto al veterinario de explotación al ingeniero agrónomo.

Por otra parte, en el artículo 6.3: “veterinario de explotación”, se busca poderse sustituir por técnico competente o subsidiariamente incluyendo además del veterinario de explotación a ingeniero agrónomo.

Para oponerse al recurso, han comparecido la Abogacía del Estado, la Junta de Extremadura, el Consejo General de Colegios Oficiales de Veterinarios de España y la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino (Anprogapor).

Todos los comparecientes han terminado suplicando que se desestime la demanda (así se expresa en la propia sentencia y se reitera por cada compareciente oponente al recurso).

Por ello, el Colegio de Veterinarios de Cádiz ha querido agradecer “a todas las instituciones que han comparecido para oponerse al recurso interpuesto por el Consejo de Ingenieros Agrónomos, y que han defendido con conocimiento y determinación realidades que la profesión veterinaria lleva sufriendo en otros aspectos del desarrollo de su actividad, y que como no puede ser de otra forma, con esfuerzo y argumentos se puede y es nuestra obligación defender la profesión y a los buenos profesionales”.

Además, sostienen que esta sentencia de “obligada lectura” deja claro que “son facetas trascendentes y propias del veterinario de explotación la bioseguridad de la granja los aspectos sanitarios de la explotación ganadera, el bienestar de los animales y la gestión medioambiental”.