Trasladan al comisario europeo de Medio Ambiente el problema del lobo y la ganadería

El consejero de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en su nombre y en el de los consejeros homólogos de Galicia, Asturias y Cantabria, ha trasladado por videoconferencia al comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca de la UE, Virginijus Sinkevičius, las razones de su rechazo a la inclusión del lobo en el LESPRE (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial), por entender que el modelo de gestión que se estaba llevando a cabo desde 2005 en estas comunidades autónomas mantenía un equilibrio entre lobo y ganadería extensiva y ha dado resultados satisfactorios en la población del lobo, que se ha venido incrementando en el norte del Duero, donde la Unión Europea permitía la caza; un incremento que ha desplazado población lobera al sur del Duero. 

Asimismo, el consejero ha hecho llegar al comisario europeo "lo erróneo de las conclusiones remitidas por el Gobierno de España a dicha Comisión sobre que la evolución de la población del lobo en España es desfavorable en el período 2013-2018, cuando los datos técnicos de las cuatro comunidades autónomas avalan lo contrario y, además, es de público conocimiento", ha asegurado.

Suárez-Quiñones ha aportado como datos contrastados el hecho de que la mayor densidad de lobos de España y una de las mayores densidades de lobo del mundo se encuentran en las reservas regionales de caza de la Sierra de la Culebra, Riaño y Fuentes Carrionas, donde se cazaban más de la mitad del cupo de lobos de toda Castilla y León. El consejero se comprometió a remitir a la Comisión Europea un informe completo sobre esta situación y sobre cuál es la realidad de la evolución de la población del lobo en Castilla y León y el resto de comunidades. 

También ha hecho referencia a la relevancia y el contraste de los datos sobre los ataques de lobos a la ganadería, "que en 2019 fueron, al norte del Duero  –donde se concentra algo más del 80 % de la población y se controlaban los daños con la caza–, 450 ataques comunicados; mientras que al sur del Duero, donde no es posible el control de daños con la caza, con algo menos del 20 % de la población de lobos, el número de ataques fue de 2.130". 

Por otra lado, le ha comunidado que "se ha ignorado totalmente la opinión de las comunidades autónomas que tienen que gestionar esas poblaciones, así como la opinión de todas las organizaciones profesionales agrarias y de la inmensa mayoría de ganaderos, de los colegios profesionales de ingenieros forestales, ingenieros de montes, ingenieros agrónomos y veterinarios, entre otros".

Además, ha destacado que la gestión del lobo ibérico que se estaba desarrollando estaba en consonancia con el marco legal establecido por la Directiva Hábitats de la Unión Europea y el Convenio de Berna, que reconocen la diversidad de situaciones de la especie en las diferentes regiones europeas no como un problema, sino como una oportunidad para una gestión adaptada a las singularidades locales.

EN CONSONANCIA CON EL PARLAMENTO EUROPEO

El consejero de Castilla y León ha aludido en su argumentación al ‘Plan de acción en pro de la naturaleza, las personas y la economía’, elaborado por el Parlamento Europeo en 2017, donde se recoge que “mediante enfoques flexibles que tienen en cuenta las circunstancias nacionales específicas se esté contribuyendo a la reducción y la eliminación progresiva de conflictos y problemas innecesarios surgidos entre la protección de la naturaleza y algunas actividades socioeconómicas, así como a abordar los desafíos prácticos derivados de la aplicación de los anexos de dichas directivas”.

El mismo documento reconoce también “que la coexistencia entre personas y grandes carnívoros, en particular los lobos, puede tener en ciertas regiones efectos negativos para el desarrollo sostenible de los ecosistemas y de las zonas rurales habitadas, en particular en relación con la agricultura tradicional y el turismo sostenible, y para otras actividades socioeconómicas; pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten medidas concretas para afrontar esas cuestiones a fin de no comprometer el desarrollo sostenible de las zonas rurales, teniendo en cuenta la flexibilidad que ofrece la Directiva relativa a los hábitats”. 

En este sentido, ha remarcado cómo lo acordado por el Gobierno de España va justo en la dirección contraria de esa iniciativa del Parlamento Europeo, por cuanto el nuevo régimen produce incremento de conflicto que aquel plan precisamente quería evitar.

Finalmente, el comisario europeo agradeció el encuentro y consideró muy interesante la información trasladada, reconociendo que la cuestión es interna del Estado español, y la decisión adoptada por el Gobierno ha sido exclusiva suya. Asimismo, anunció que, aun siendo un tema interno del Estado, estaría pendiente de la evolución de la situación y de la decisión judicial que se pronunciase al respecto, de la que estaba al corriente.