Las comunidades autónomas de Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León plantean una colaboración conjunta para intentar anular la orden del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico publicada en el BOE de incluir todas las poblaciones de lobos en la Lista de Protección Especial para la Vida Silvestre (LESPRE).
La consejera de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda de la comunidad de Galicia, Ángeles Vázquez, se reunió por videoconferencia con sus homólogos de Asturias, Alejandro Calvo, consejero de Desarrollo Rural, Ganadería y Pesca; de Cantabria, Juan Guillermo Blanco, consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca , Alimentación y Medio Ambiente; y de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, consejero de Fomento y Medio Ambiente, con el fin de hacer un primer análisis del orden del lobo y sentar las bases de la estrategia conjunta a seguir.
De esta forma, las cuatro comunidades mantendrán un frente común para intentar que el Gobierno retroceda en su intención de incrementar el nivel de protección de los lobos al norte del río Duero.
Como primer paso tras la publicación de la orden de la Consejería, los concejales con competencias en la materia de las cuatro comunidades autónomas han convocado a las organizaciones profesionales agrarias nacionales para hablar sobre el impacto que tendrá la medida para el sector y evaluar posibles líneas de actuación conjuntas.
La consejera gallega, Ángeles Vázquez, ya se ha puesto en contacto con los representantes de las principales entidades agrarias presentes en Galicia para analizar en clave autonómica las posibles consecuencias de la entrada en vigor de la orden del lobo.
Por su parte, el consejero de Castilla y León, Suárez-Quiñones, ha insistido en que no existen razones que justifiquen la Orden Ministerial aprobada, y ha dicho que así se lo han trasladado en numerosas ocasiones al Ministerio, al que ha afeado la contradicción de llevar el título de Reto Demográfico en su nombre “cuando en realidad esta decisión va precisamente en contra de la población rural”.
Asimismo, el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de Cantabria, Guillermo Blanco, ha detallado que su departamento ha solicitado a los servicios jurídicos del Gobierno de Cantabria la presentación ante los tribunales de la petición de la suspensión inmediata de los efectos de la orden hasta que la Audiencia Nacional dicte sentencia del recurso contencioso administrativo que el Ejecutivo autonómico también va a presentar.
Blanco confía en que los jueces “aprecien no sólo lo justificable de la medida, sino también las irregularidades cometidas en la tramitación de la orden”.
Además, ha asegurado que su departamento va a seguir aplicando el Plan de Gestión de Lobo de Cantabria y, en caso de que la Audiencia Nacional no acepte la suspensión cautelar de la orden, “aplicaremos el régimen de excepciones que recoge la propia orden del Ministerio para controlar los ejemplares que técnicamente se considere necesario controlar”.