El Gobierno del Principado de Asturias publicaba recientemente la Resolución de 5 de marzo de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (SERIDA), por la que se convoca procedimiento extraordinario para la formación de una bolsa de trabajo de personal temporal de la categoría profesional de Titulado Superior-Investigador (Grupo A, titulación Biólogo/a Doctor) Experto en Calidad de la Carne para el Área de Sistemas de Producción Animal del SERIDA, según recoge el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
Desde el Sindicato Veterinario Profesional de Asturias (Sivepa) no entienden que se discrimine a la profesión veterinaria en la creación de esta bolsa de trabajo al haberse estipulado como requisito ser doctor en Biología pero no doctor en Veterinaria, “teniendo estos últimos profesionales una mayor formación curricular en cuestiones relacionadas con alimentos de origen animal como, efectivamente, puede comprobarse comparando los planes de estudios de ambas titulaciones”, denuncian.
Por ello, han presentado diversas solicitudes registradas dirigidas al consejero y a la secretaria general técnica de la Consejería de Medio Rural del Principado de Asturias, al Consejo Regional de Desarrollo Agroalimentario del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (SERIDA) y a su directora regional, demandando tanto una explicación como una solución.
Por currículo académico y competencias profesionales, los veterinarios son los titulados superiores facultativos con más amplia preparación en todo tipo de cuestiones relacionadas con los alimentos de origen animal, tanto las relativas a la calidad, como a la seguridad. “Así, está ausente de toda lógica y legitimidad, científica y profesional, que una convocatoria destinada a cubrir esta plaza de Experto en Calidad de la Carne excluya a los Licenciados en Veterinaria con grado de Doctor”, manifiestan desde Sivepa.
En este sentido, instan a las autoridades a adoptar las medidas necesarias para revertir lo que entienden como “una flagrante discriminación hacia nuestra profesión por parte de la Administración del Principado de Asturias”.