Más de 100.000 perros podrían dejar de ser considerados ‘potencialmente peligrosos’ (PPP) si prospera el cambio legislativo en el que trabaja el Gobierno, según las estimaciones la Real Sociedad Canina de España (RSCE) atendiendo a sus propios registros.
El director general de Derechos de los Animales, Sergio García Torres, anunció esta medida esta misma semana en la I Jornada Política de la RSCE, ‘Hacia una nueva Ley de Bienestar Animal’, de modo que la próxima normativa acabaría con esta denominación. Precisamente, se trata de una de las principales peticiones de la Canina, que ya el pasado año, en sus 10 iniciativas legislativas, propuso la derogación del ‘Perro Potencialmente Peligroso’ (PPP).
Actualmente, la figura del PPP queda recogida en el Real Decreto 287/2002, en su Anexo I, donde se incluyen ocho razas caninas como ‘potencialmente peligrosas’. De ellas, siete forman parte de los registros de la RSCE, de forma que el número aproximado de perros estas razas (de los registrados en el Libro de Orígenes Español, LOE) que se podrían beneficiar de un cambio de la legislación sería de unos 40.000.
Razas PPP inscritas en el Libro de Orígenes Español (LOE) de la RSCE. Fuente: RSCE.
A ellos habría que sumar, como mínimo, otras ocho razas que aparecen en diferentes regulaciones autonómicas y que arrojarían un número adicional de 31.000 perros más.
Razas PPP registradas en las diferentes CCAA. Fuente: RSCE.
Si a estos cerca de 71.000 ejemplares se sumaran aquellos que responden a los criterios del Anexo II de la legislación actual, incluyendo a los mestizos, se alcanzaría una cifra muy por encima de 100.000 perros, estima la Canina, “los cuales dejarían atrás un estigma, ya que no existen tales razas, sino unas características físicas y de temperamento que hacen que no todos los perros sean iguales ni tengan las mismas aptitudes”, señalan.
En su día, la RSCE sugirió, para garantizar la correcta convivencia entre estos perros y la sociedad, que de forma estandarizada se establecieran determinadas pruebas de sociabilidad que acrediten la condición de los perros y que, además, se acompañen de cursos de formación para los tutores de este tipo de razas cuyas potencialidades físicas lo indiquen. La RSCE ya ha puesto a disposición de todas las administraciones una prueba de sociabilidad desarrollada por expertos en formación canina y adiestramiento.
Como señala el presidente de la RSCE, Julián Hernández, “legislar sobre potencialidades implica establecer unas generalidades que, además de ser injustas, han propiciado la criminalización y la marginación social de determinadas razas y, por ende, de sus tutores. Esperamos que, con este cambio de Ley que nos anunció el director general de Derechos de los Animales en primicia, por fin pueda cambiar esta situación”.