La veterinaria municipal se enteró del brote de listeriosis "por la prensa"

La inspectora veterinaria del Ayuntamiento de Sevilla, responsable de unas inspecciones realizadas en noviembre de 2016 y en julio de 2017 en Magrudis, epicentro del brote de listeriosis producido el pasado verano, ha declarado este viernes en el juzgado en calidad de investigada y ha precisado que para hacer sus inspecciones se tiene que basar en un reglamento 822/2004 y, en base al mismo, "la Junta de Andalucía da unas instrucciones".

A preguntas únicamente de la juez de Instrucción número 10 de Sevilla y de la Fiscalía --se ha negado a responder a las demás partes--, esta veterinaria, dependiente del servicio de Consumo, ha precisado que la "supervisión" no la hace el Ayuntamiento, sino que la Junta hace "anualmente un plan de inspección y otro de supervisión", y se lo presenta al Consistorio.

En este sentido, según han informado a Europa Press fuentes judiciales, ha subrayado que "cuando se trata de una empresa que necesita una autorización, se solicita ésta a la Junta, que la da en 2015, comunicándose al Ayuntamiento que debe realizar estas inspecciones".

En esta línea, ha precisado que "no tiene que hacer la valoración de la estructura y equipo, sino que lo hace el veterinario que en 2015 da la primera autorización", así como que ella "no es técnico para valorar las instalaciones y dentro de su competencia da un valor cero, que es correcto" y "únicamente tiene que valorar lo relacionado con sanidad".

En julio de 2017 cuando va la declarante únicamente había una nave, en la que había dos o tres salas, y desde esa fecha no vuelve "hasta que salta la alerta sanitaria el 16 de agosto de 2019" cuando va a la empresa porque "hay que hacer una inspección oficial", así como que la supervisión "está toda programada y es diferente a una inspección".

Al respecto, la funcionaria ha asegurado que dos días antes, una compañera suya "coge las muestras de los productos de las instalaciones y las inspecciona y ordena el cese de la actividad de elaboración de carne mechada, chicharrón y lomo, es decir, de los productos de horneado".

SE CREÍA QUE ERA SALMONELLA

Sobre su compañera, ha recordado que ésta "aconsejó que se limpiaran y desinfectaran las instalaciones de Magrudis porque únicamente se habían recibido tres lotes y se pensó que en lugar de listeria podría tratarse de un brote de salmonella, que es lo lógico en verano" y el día 16, que es cuando va ella, "es cuando los trabajadores empiezan a limpiar".

A su vez, ha manifestado que el día que fue ella también se encontraba allí personal de un laboratorio de control y calidad alimentaria cogiendo muestras de superficies y ella hace lo mismo, en presencia de trabajadores y de Sandro José Marín Rodríguez, propietario y administrador único de Magrudis e hijo del gerente y de su padre, el 'administrador de hecho' de la empresa, José Antonio Marín Ponce, los cuales en la actualidad siguen en prisión provisional por riesgo de fuga y posible destrucción de pruebas.

Por último, ha dicho que ambos le "ocultaron" que habían estado elaborando chorizos y, al preguntarle, éstos manifestaron que "únicamente habían hecho una prueba".

"SE ENTERÓ POR LA PRENSA"

A preguntas del Ministerio Fiscal, la investigada ha afirmado que "se enteró por la prensa" del brote de listeria y ha dejado claro que el Ayuntamiento "no hace supervisiones y cuando de lo encarga la Junta, realiza una al año" y que en la misma se le pidió a la empresa la trazabilidad del producto desde mayo a agosto de 2019.

Por último, ha señalado que el plan de control de plagas sí estaba contratado en el año 2017, así como el plan de mantenimiento de instalaciones y el de trazabilidad, al igual que el de mantenimiento de la cadena de frío y el de certificación sobre suministros y proveedores.