Retiran del mercado 40.000 kilos de alimentos en mal estado en la provincia de Alicante

La Guardia Civil ha desarrollado una nueva operación de seguridad alimentaria que ha permitido investigar a dos personas físicas y dos empresas relacionadas con la distribución de alimentos en condiciones no aptas para el consumo. 

Esta investigación, denominada Repelo, comenzó en abril, cuando la patrulla del Seprona de Alicante realizó varias inspecciones para combatir el fraude alimentario, enfocándose en prácticas ilegales como la falsificación, adulteración, etiquetado fraudulento, comercio y distribución irregular de alimentos.

Durante una inspección en una empresa de San Vicente del Raspeig, especializada en la producción de hamburguesas y kebabs, se detectaron varias irregularidades: materias primas sin la trazabilidad requerida para identificar su origen; productos cárnicos con la fecha de consumo preferente vencida; y especias caducadas utilizadas en el procesamiento de alimentos.

Además, se descubrió una nave relacionada con esta empresa que operaba de forma clandestina. En su interior, las cámaras frigoríficas contenían productos caducados que habían sido etiquetados con fechas falsificadas para extender su vida útil y comercializarlos. Algunos de estos productos llevaban presuntamente congelados más de dos años.

Tras inspecciones realizadas junto al Servicio de Inspección de Calidad Alimentaria del Centro de Salud Pública de Alicante, se procedió a la destrucción controlada de los productos incautados mediante un gestor autorizado.

En septiembre, en una nueva inspección en un centro de almacenamiento de San Isidro, detectaron nuevas irregularidades en alimentos almacenados por una empresa de Alicante, relacionadas con la trazabilidad, el etiquetado y la caducidad.

Como resultado de estas actuaciones, se ha investigado a los propietarios de las dos empresas implicadas de San Vicente del Raspeig y Alicante, dos hombres de 44 y 54 años, por los delitos contra la salud pública, relativo al mercado y a los consumidores y falsedad documental. Asimismo, todas las infracciones detectadas han sido notificadas a la Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana.

En el mes de noviembre, una vez que los agentes finalizaron el atestado, remitieron las diligencias al Decanato del Partido Judicial de San Vicente del Raspeig.

En total, se han retirado del mercado 40.000 kilogramos de alimentos en mal estado o con deficiencias en su trazabilidad, principalmente productos cárnicos, que presuntamente habrían acabado en puestos de venta ambulante, poniendo en riesgo la salud de los consumidores.