Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de Cáceres y Guadalupe, han investigado a 3 hombres, ante la declaración de un brote/episodio de triquinosis cuyo origen pudiera encontrarse en el consumo de carne de cerdos sacrificados en una matanza domiciliaria, para consumo familiar, no autorizada por la autoridad municipal competente, tras la que 9 personas resultaron afectadas.
Los hechos investigados tienen su origen en una información facilitada por la Oficina Veterinaria de Zona de Zorita (Cáceres), informando de la declaración de un posible brote/episodio de triquinosis, en el que resultaron afectadas dos personas en la localidad de Trujillo (Cáceres) y otras siete en la Comunidad de Madrid, información que fue confirmada por la Dirección General de Salud de Cáceres.
El referido episodio se detectó en el mes de enero al presentar los afectados sintomatología compatible con la enfermedad parasitaria, estableciendo que su origen pudiera estar localizado en el consumo de carnes y prueba de embutidos elaborados en una matanza domiciliaria para consumo familiar, no autorizada, que se realizó a finales de diciembre de 2023, en una finca del término municipal de Alía (Cáceres), en la que se detectó un positivo de triquina en las muestras analizadas de los cerdos sacrificados.
La finca donde se celebró el sacrificio de los cerdos no se encuentra inscrita en el Registro de Explotaciones Porcinas y los cerdos sacrificados llegaron a la explotación sin identificación animal y sin Guía de Origen y Sanidad Pecuaria, por tanto, carentes de trazabilidad, no aportando los responsables datos fiables sobre su legal procedencia, alegando un origen ficticio y no verificable al aportar datos imprecisos e inconcluyentes.
Las muestras fueron analizadas para diagnóstico parasitológico por un veterinario ajeno al Servicio Extremeño de Salud, que no cumplió con las obligaciones establecidas en la normativa sectorial, en caso de detección de triquina, si bien recomendó que se procediera a la destrucción de las carnes y despojos del animal mediante incineración.
La gravedad de los afectados ha sido en todos los casos calificada de leve, existiendo algunas personas que participaron en dicho evento familiar sin afección.
Los investigados son los organizadores de la matanza y el facultativo veterinario que analizó las muestras de los animales, por no cumplir con las obligaciones impuestas en la normativa sectorial ante la detección de la triquina.