Primera sentencia contra las amenazas online que sufren los veterinarios

El juzgado de instrucción número 3, de Santander (Cantabria), ha dictado una sentencia histórica que afecta al sector veterinario.

Hoy en día, internet y las redes sociales te permiten actuar creyéndote impune bajo el anonimato de perfiles falsos y cuentas creadas para insultar, desprestigiar o amenazar, y los veterinarios no son unos profesionales que estén alejados de estas situaciones.

“No son hechos puntuales, sino ataques con fines oscuros que se lanzan vía redes sociales, pero los estamos combatiendo. Hay una firme voluntad de localizar a los culpables y estamos consiguiendo sentencias claras”, asegura a El Diario Montañés el presidente del Colegio de Veterinarios de Cantabria, Juan José Sánchez Asensio.

Pero ahora, gracias a la primera sentencia contra las amenazas a través de las redes sociales para dañar la imagen pública de una clínica, concretamente del Hospital Veterinario de Cantabria, las personas bajo perfiles anónimos se lo pensarán dos veces antes de increpar.

El juzgado ha fallado a favor del denunciante, el Hospital Veterinario de Cantabria, y en contra del denunciado, J. A. S., hallado culpable de un delito de amenazas leves con “una indudable intención de crear perjuicio económico sobre la clínica, dañando su imagen”, según recoge la sentencia.

Según cuenta el periódico, “el denunciado amenazó literalmente con hundir en las redes sociales a la clínica por no devolverle el importe de un servicio que había recibido y pagado, pero que más tarde reclamó”.

Durante el juicio quedó probado que las reseñas que aparecen en Google con críticas hacia esta clínica las realizaban personas que no habían tenido ninguna relación como clientes y se demuestra que tienen amistad o parentesco con el denunciado.

Estas campañas de acoso y desprestigio “recaen sobre profesionales que actúan conforme al código deontológico y sin embargo, están siendo acosados por parte de gente violenta que dicen actuar en defensa de los animales, pero que lo hacen por desconocimiento técnico y sanitario o movidos por intereses económicos”, afirma Sánchez al medio.