La responsabilidad del veterinario en el ámbito de los animales de compañía

La profesión veterinaria tiene muchos momentos bonitos en los que el profesional se siente compensado de tantos esfuerzos, sin embargo, como todas las profesiones, también tiene momentos delicados y desagradables, es el caso de hacer frente a las reclamaciones de los propietarios.

“Convendría que, para atajar posibles reclamaciones los veterinarios hablasen menos, documentasen más sus actos y que siempre lo hicieran basándose en la ciencia y no en opiniones”, aconseja Alfredo Fernández, experto en veterinaria legal y peritación y miembro de la Comisión Deontológica del Consejo General de Colegios Veterinarios de España, quien destacó, durante su ponencia sobre ‘Responsabilidad del Veterinario en el ámbito de los animales de compañía’ en una jornada organizada por el Colegio de Veterinarios de Valencia (ICOVV), el “fuerte impacto e influencia negativa en el ánimo” que puede implicar el verse envuelto en uno de estos procesos.

En este sentido, el perito hizo hincapié en redactar los documentos pertinentes, como los certificados, las recetas, o de los historiales clínicos “que, en caso de reclamación, es lo que primero piden en los juzgados”, “con rigor científico, de manera clara y comprensible, veraces y objetivos”

Además, Fernández animó a los presentes a aprovechar la “oportunidad laboral” que están ofreciendo los cambios legislativos de los últimos tiempos, como la reforma del Código Penal, para especializarse en la realización de peritajes veterinarios para este tipo de procesos.

POSIBLES DELITOS

Por su parte, la responsable de los Servicios Jurídicos del ICOVV, Ángeles Gómez, detalló los delitos que en este terreno pueden dar lugar a una denuncia o a una querella contra un veterinario en su actuación profesional.

Entre los fundamentales, la experta señaló la falsedad documental (por ejemplo en los certificados sobre el estado sanitario de una res o granja); delito de daños contra el patrimonio provocados por una actuación imprudente; contra la salud pública (derivados de una posible contaminación de aguas, por exceso de residuos en la administración de piensos medicamentosos...); de lesiones (a las personas, por ejemplo por hacer mal unas pruebas de triquinosis en un jabalí infectado que después cause daños al ser ingerida su carne); contra el medio ambiente (por purines mal tratados...); por falso testimonio (en un peritaje, aunque sea difícil de acreditar); delitos imputables a funcionarios como la falsedad, prevaricación o cohecho (sobre los que el abogado dijo que “antes los jueces se resistían a conocer porque los remitían a la jurisdicción contencioso-administrativa pero ahora ya no es tanto así”) y los delitos de maltrato animal, sobre los que “los juzgados -como la sociedad- cada vez se interesan más”, matizó la letrada.

Por último, las demandas por negligencia o actuación culposa deben tener siempre tres elementos comunes: error, por acción u omisión en la actuación profesional; daño y una causalidad que “una la primera y la segunda condición, además de que todo ello se debe acreditar”. Todas persiguen un resarcimiento, una restitución económica del perjuicio, “normalmente derivado del lucro cesante o daño emergente y en muy pocas ocasiones por el daño moral, que no es fácil de concretar”, aclaró.